Recientes anuncios de la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, de que no se suspenderá el decreto que crea zonas de reserva temporal, y se apresta a emitir resoluciones para determinar esas áreas, mantiene en jaque al sector minero.
Colombia tiene un gran potencial de minerales, según expertos, pero por diversas razones no logra que avancen los proyectos que incrementarían las reservas de minerales del país, necesarios para la transición energética, que defiende el gobierno de Gustavo Petro.
La minería quedaría excluida de las zonas afectadas, lo que supondría un riesgo para el sector, afirmó el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, durante un debate sobre el tema.
Según Nariño, con esa decisión se afectará a compañías, pequeñas, grandes, medianas y a comunidades en todo el territorio nacional, lo que demuestra que el decreto sigue siendo un “riesgo latente” para la industria minera.
El decreto, firmado el 30 de enero, establece que las reservas temporales tendrán vigencia de hasta cinco años, prorrogables por otros cinco, mientras no exista certeza sobre la compatibilidad de las actividades mineras en el área.
Durante este período, además de que no se otorgarán títulos mineros en las zonas declaradas como reservas, no se otorgarán licencias ambientales, lo que, según expertos, implicaría que los proyectos que ya tienen licencia ambiental y que tengan que modificar su licencia para avanzar en el desarrollo o cambiar de etapa no podrán conseguir las nuevas autorizaciones.
De acuerdo con Hernán Rodríguez, socio del bufete Dentons Cárdenas & Cárdenas, el decreto da facultades al Ministerio de Ambiente para que prohíba la actividad minera en determinadas áreas, si así lo considera, sin que se hayan realizado estudios ambientales, sociales y técnicos; y, adicionalmente, sin tener en cuenta a las comunidades.
“Se excluye la actividad porque cuando haya un área libre no se podrá otorgar un contrato, cuando haya una solicitud de contratos de concesión se tendrá que rechazarla, cuando haya un título minero ya otorgado (no se especifica en etapa de exploración, construcción o explotación) no se podrá otorgar ni permisos ni licencias ambientales”, indicó Rodríguez.
En la etapa de exploración, entre otros, se requieren permisos de concesión de aguas y aprovechamiento forestal para poder perforar, los cuales, según Rodríguez, no se podrán obtener.
Igual sucedería cuando los proyectos requieran pasar a la fase de construcción y explotación, pues “si están en una zona de reserva temporal no se otorgarán permisos”, añadió el abogado.
Según los panelistas, eso haría inviable la actividad minera en el país.
Adicionalmente, el proyecto de nueva ley minera plantea también desafíos, pues establece que las reservas temporales son áreas excluidas de la minería, por lo que los proyectos mineros ubicados en áreas de reserva entrarán en una causal de terminación del contrato. “Yo veo que aquí hay una intención clarísima de prohibir o excluir áreas de minería”, afirmó Rodríguez.
Mientras tanto, José Vicente Zapata, del estudio jurídico Holland & Knight, dijo que en el decreto hay “una subjetividad muy grave” pues pretende vender la protección ambiental, pero termina restringiendo una actividad lícita.
El presidente Gustavo Petro busca modificar el marco contractual que rige al sector minero, para lo cual ha anunciado tanto la nueva ley minera como la creación de la estatal EcoMinerales, que podrían concretarse el próximo año.
Junto con el decreto, los planes crean una mayor incertidumbre jurídica, según los representantes del sector.
Pese a que Colombia tiene menos del 3% de su territorio titulado para explotación y exploración minera, la actividad es un contribuyente importante de la economía del país.
Según datos de ACM, en los últimos 4 años el sector ha aportado con 20 billones de pesos (casi USD 5000 millones), en regalías; 36 billones en impuestos y otros tipos de contribuciones, y 33 billones de pesos en inversión social.
Según las estadísticas del Banco Central, en los primeros ocho meses del año, la inversión extranjera directa de los sectores de petróleo y minería cayó 28%.
Una caída de esta magnitud había ocurrido dos veces en los últimos 10 años: en 2015, tras la reducción de los precios de los commodities mineros; y en 2020, tras la pandemia. “Ahora, en 2024, la explicación solo puede estar relacionada con la incertidumbre jurídica y la muy baja competitividad fiscal para un sector que compite por los mismos recursos a nivel global y que en Colombia, con los niveles actuales de tributación, ya genera rentabilidades muy por debajo de los mínimos esperados para cualquier inversión”, manifestó el director económico de ACM, Juan Sebastián Martínez.
Fuente: bnamericas.com