El Gobierno insta a la Asamblea Legislativa a aprobar los contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Uranium One Group, de Rusia, y el consorcio chino CBC, que incluyen la instalación de plantas industriales de producción de carbonato de litio con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en el salar de Uyuni, Potosí.
Respecto a una acción popular resuelta por un juez de Colcha K, Potosí, “el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y YLB no fueron notificados con alguna medida cautelar ni con algún proceso en contra de los contratos suscritos. Queremos aclarar que dichos contratos no surten efecto mientras no sean aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, señaló el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez.
Explicó que los contratos ya fueron revisados por el comité y la comisión de Diputados, por lo que pidió al Legislativo seguir con el trámite según sus propios procedimientos. “Exhortamos a la Asamblea Legislativa a continuar con el análisis de estos contratos, para avanzar en los aspectos técnicos acordados previamente en los convenios y ahora incluidos en los contratos”, agregó.
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Arnez enfatizó que, mientras no exista una notificación oficial sobre alguna acción judicial, el Gobierno continuará trabajando para viabilizar la aprobación legislativa. “Una vez que seamos notificados, presentaremos nuestra representación legal ante las instancias correspondientes. Mientras eso no ocurra, seguimos trabajando”, afirmó.
El viceministro también aclaró que ambos contratos incluyen el compromiso de realizar estudios de impacto ambiental bajo fiscalización de las comunidades. “Se realizaron socializaciones y consultas previas para las etapas de muestreo, y también se realizará para el proyecto industrial —que iniciará posterior a la aprobación de los contratos— está prevista una socialización y consulta con todas las comunidades aledañas al proyecto”, explicó.
Los contratos con Uranium One Group y Hong Kong CBC establecen que ambas empresas asumirán el 100% del costo de inversión, que en conjunto superan los USD 2000 millones. Asimismo, garantizan que el Estado boliviano, a través de YLB, tendrá una participación del 51% en los beneficios.
“Estas empresas asumen totalmente el riesgo financiero para la instalación de plantas de carbonato de litio. El Estado no aportará recursos económicos directos, pero recibirá ingresos significativos gracias a su participación mayoritaria”, enfatizó Arnez.
