El Gobierno de Ecuador ha anunciado la implementación de una nueva Tasa de Fiscalización Minera que, según estimaciones oficiales, permitirá una recaudación anual de USD 229 millones. Esta medida busca reforzar el control técnico y ambiental del sector, al tiempo que se promueve la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
El anuncio fue realizado el 2 de junio de 2025 por la portavoz oficial del Gobierno, Carolina Jaramillo, durante una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet. La vocera detalló que esta nueva tasa se aplicará a todos los regímenes mineros —pequeña, mediana, gran minería y régimen general—, excluyendo únicamente a la minería artesanal.
Los recursos obtenidos a través de esta contribución obligatoria serán destinados específicamente a labores de vigilancia, fiscalización y control ambiental en el sector, una de las áreas más sensibles en el debate nacional sobre sostenibilidad y desarrollo económico.
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Además del establecimiento de esta tasa, el Gobierno de Ecuador informó que se reabrirá el Catastro Minero, que ha permanecido cerrado desde enero de 2018. Esta reapertura se ejecutará de forma progresiva: a partir del 16 de junio podrán registrarse proyectos de pequeña minería no metálica; en septiembre se habilitará la inscripción para minería metálica; y hacia finales del año se espera que todos los regímenes estén habilitados. “La decisión de abrir el Catastro Minero por fases garantiza eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa”, subrayó Jaramillo.
El paquete de medidas anunciado forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para ordenar las finanzas públicas y fortalecer los sectores estratégicos. En este marco, también se anunciaron auditorías profundas a tres empresas públicas clave: Petroecuador, CELEC y CNEL. Las evaluaciones serán realizadas por firmas internacionales de primer nivel, entre ellas Deloitte, PwC y EY, e incluirán revisiones financieras, forenses y de revalorización de activos. El objetivo, según indicó Jaramillo, es desterrar la corrupción estructural en estas entidades y transformarlas en empresas competitivas a escala internacional.
Fuente: infobae.com
