El Perú enfrenta una paradoja en su intento por reactivar la inversión minera: mientras se anuncian reformas para acelerar concesiones y permisos, las instituciones encargadas de procesarlos siguen operando con limitaciones técnicas y humanas. Para Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el problema no se resolverá fijando plazos más cortos por ley, sino fortaleciendo al Estado que debe evaluar los proyectos.
Durante su participación como panelista en la ponencia del IIMP “Balance y Perspectivas de la Minería 2026” en la “Semana de la Ingeniería de Minas 2026”, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lima, Chirif fue enfático en que el cuello de botella de la minería peruana es institucional, no normativo. “No se pueden cambiar estas situaciones imponiendo plazos (…) sino que hay que invertir en ello”, señaló al referirse al proceso de concesiones y permisos.
Desde su experiencia al frente del Ingemmet, explicó que cuando asumió el cargo encontró una acumulación masiva de expedientes atrasados, producto de años de sobrecarga administrativa, cambios de autoridades y falta de recursos. Para reducir ese pasivo fue necesario implementar un plan especial operativo y administrativo, con profesionales trabajando incluso fines de semana para ponerse al día.
Ese diagnóstico, sostiene, sigue vigente. “Me consta, lo he visto de cerca”, dijo, en alusión a los equipos técnicos que hoy continúan operando al límite de su capacidad. En ese contexto, forzar legalmente plazos más cortos sin reforzar a las instituciones puede terminar generando más errores, conflictos y judicialización de proyectos.
Un problema más profundo que la tramitología
La advertencia de Chirif se enmarca en una visión más amplia sobre el desorden que afecta al sector. El expresidente del Ingemmet remarcó que el Perú tiene condiciones favorables para un nuevo ciclo minero hacia 2026 —altos precios de los metales, estabilidad macroeconómica y capital humano calificado—, pero enfrenta amenazas estructurales que están erosionando su competitividad.
Una de ellas es la falta de orden en el sistema de concesiones y derechos sobre el territorio, donde conviven grandes proyectos, pequeña minería, relaves, concesiones inactivas y operaciones informales sin una clara delimitación. En ese escenario, acelerar trámites sin resolver los conflictos de fondo puede agravar la superposición de derechos y los conflictos sociales. “Es un tema tan complejo que requiere un análisis muy fino”, advirtió Chirif.
Inversión sí, pero con Estado fuerte
En un momento en que el Gobierno busca destrabar proyectos y atraer capitales, el mensaje de Chirif apunta a una advertencia clave para los inversionistas: la velocidad sin institucionalidad no garantiza seguridad jurídica ni sostenibilidad.
“Se necesitan mayores prioridades políticas, reglas claras y una clara visión de lo que se quiere hacer”, afirmó, subrayando que la permanente inestabilidad política y los cambios de autoridades impiden construir una política minera coherente.
Para el exjefe del Ingemmet, si el Perú quiere aprovechar el próximo ciclo de inversión, debe invertir en sus propias capacidades: más técnicos, mejores procesos, sistemas modernos y una gestión territorial integrada que permita que la minería conviva con otras actividades económicas.
De lo contrario, advierte, el país corre el riesgo de perder miles de millones de dólares en proyectos que no avanzan no por falta de interés, sino por un Estado que no da abasto para procesarlos.
