El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció que se trabaja en la elaboración de una ley de recursos evaporíticos, centrada en el litio, bajo una línea de transparencia y orientada a atraer inversiones para generar ingresos económicos a los departamentos productores y al país.
“Vamos a poner toda nuestra voluntad en la ley del litio, para que sea una ley transparente, potente, que traiga inversión y harta platita”, manifestó en su discurso, durante el lanzamiento del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), en la ciudad de Potosí, donde se localiza el salar de Uyuni —la principal reserva de litio del país—.
El mandatario cuestionó la política del litio del Gobierno de Luis Arce (2020–2025), al afirmar que se firmaron contratos para la explotación del recurso “que nadie conoce”.
Desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías se informó que la nueva ley del litio será parte de un paquete de cuatro normas para el sector de hidrocarburos, electricidad, energías verdes y minerales críticos, que permitirá proyectar una imagen sostenible y confiable del país para inversiones internacionales.
Potencial y cuestionamientos
De acuerdo con estimaciones del anterior Gobierno, Bolivia cuenta con reservas de 23 millones de toneladas de litio, la mayoría ubicadas en el salar de Uyuni, que abarca una superficie de 10 000 kilómetros cuadrados.
En 2023, el país inauguró en Uyuni un complejo industrial estatal con capacidad para producir 15 000 toneladas anuales de carbonato de litio, mediante un sistema de piscinas de evaporación. Sin embargo, la planta solo logró operar a menos del 20% de su capacidad y presentó defectos de diseño.
Lee también ► Uruguay moviliza 6.65 millones de toneladas de mineral de hierro de LHG Mining en 2025
La industrialización del litio a través de la tecnología de extracción directa (EDL) fue una de las apuestas del Ejecutivo de Arce, pero quedó en suspenso por fuertes observaciones a dos contratos con empresas de China y de Rusia, cuyas inversiones hubieran alcanzado los USD 2006 millones.
Esos contratos fueron cuestionados sobre todo por sectores como la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de la provincia Nor Lípez, donde está el salar de Uyuni, que advirtieron que los documentos se firmaron sin que haya una consulta previa a los pueblos indígenas de la zona y sin los respectivos estudios de impacto ambiental.
La central informó el mes pasado sobre un proyecto de ley que elaboran estas comunidades indígenas, con miras a ser parte de los proyectos de explotación del litio mediante la consulta previa y asegurar que estas iniciativas no tengan impactos ambientales negativos en el lugar.
El Dato
Rodrigo Paz lleva poco más de dos meses al frente del Ejecutivo y busca transformar el modelo económico estatista y reducir la tasa de inflación, que el año pasado cerró en 20%. En paralelo, su administración ha gestionado créditos con organismos internacionales, como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de USD 7600 millones.
