Una minera canadiense de oro demandó a Perú en Estados Unidos como parte de sus esfuerzos por cobrar unos USD 69 millones que le fueron adjudicados tras un arbitraje por protestas violentas que paralizaron las operaciones en una de sus minas en el país sudamericano.
Lupaka Gold obtuvo el año pasado un laudo arbitral —que incluye intereses— en el que el tribunal determinó que el Gobierno peruano no actuó de manera efectiva para detener las protestas de comunidades rurales en la mina Invicta de la compañía. La demanda, presentada el 27 de febrero ante un tribunal federal en Washington, busca que un juez estadounidense confirme y ejecute el fallo.
“Lupaka confía en que pronto podrá comenzar a embargar activos peruanos en cualquier lugar dentro de Estados Unidos”, señaló la compañía a través de un comunicado.
De acuerdo con la minera, debido a los intereses generados, el monto del laudo continúa incrementándose mientras Perú retrasa el pago. A la fecha, el importe asciende a aproximadamente USD 68 648 774.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú indicó en un comunicado que contactó a Lupaka antes de la presentación de la demanda para transmitir la predisposición a cumplir con el laudo, para lo cual se propuso sostener reuniones de coordinación a la brevedad. Añadió que el Estado está comprometido a cumplir sus obligaciones.
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La demanda es al menos la segunda en los últimos años contra Perú por laudos arbitrales impagos, en un contexto en el que el país enfrenta un número creciente de disputas con inversionistas internacionales
La acción de Lupaka parece seguir los pasos del Consorcio Kuntur Wasi, adjudicado para construir un aeropuerto, que recibió USD 91 millones poco después de que un tribunal estadounidense confirmara un laudo arbitral a su favor. Perú no presentó abogados para defenderse en ese litigio.
“La industria minera sin duda tomará nota de la negativa de Perú a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional al tomar decisiones de inversión”, dijo el presidente de Lupaka, Gordon Ellis, en un comunicado.
Carlos José Valderrama, expresidente de Sicreci, la entidad peruana encargada de la gestión de casos de arbitraje, señaló que el caso podría ofrecer una hoja de ruta para otras empresas extranjeras cuyas operaciones se vean afectadas por protestas.
Perú también enfrenta una disputa de alto perfil con Brookfield Asset Management, que presentó un arbitraje por USD 2700 millones al alegar que la ciudad de Lima expropió indebidamente una serie de autopistas de peaje que administraba bajo concesión. El arbitraje contra Perú aún está pendiente, aunque la ciudad de Lima ya ha perdido procesos arbitrales sobre el tema por un total de unos USD 200 millones.
Fuente: larepublica.co
