La Cámara de Diputados de Argentina aprobó en la madrugada de este jueves (9 de abril) la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, habilita actividad minera en zonas periglaciares bajo criterios de definición provincial.
El Gobierno apunta a acelerar las inversiones mineras como motor de crecimiento y generación de divisas. En ese contexto, la flexibilización regulatoria se plantea como una herramienta para destrabar proyectos, especialmente aquellos vinculados a minerales críticos para la transición energética.
Los puntos principales de la reforma
- Fin de la protección automática en zonas periglaciares: Estas áreas dejarán de estar resguardadas por defecto y su protección dependerá de estudios técnicos específicos, reemplazando un criterio más restrictivo establecido en la normativa original de 2010.
- Habilitación de actividades productivas: Se permitirá el desarrollo de proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas previamente restringidas, siempre que superen evaluaciones de impacto ambiental. La evaluación caso a caso abre espacio para habilitar proyectos mineros en áreas cercanas a glaciares, dependiendo de su relevancia hídrica.
- Mayor protagonismo de las provincias: Cada jurisdicción tendrá la facultad de definir qué áreas proteger, cuáles habilitar y aprobar los estudios ambientales correspondientes
- Reducción del rol del sistema científico: El Inventario Nacional de Glaciares pierde carácter vinculante y el control pasa principalmente a las autoridades provinciales.
Así la reforma permite avanzar con proyectos en áreas que antes quedaban fuera del desarrollo minero. Cabe destacar que el número de proyectos mineros en Argentina ha crecido de 160 a 325 en los últimos tres años, reflejando un fuerte dinamismo del sector.
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Debate se centra en riesgo hídrico y criterios dispares
Con la nueva norma se podría generar distintos estándares ambientales entre provincias, incentivando competencia por atraer inversiones mediante criterios más flexibles. Las zonas glaciales y periglaciales, aunque representan solo 0.4% del territorio, son reservas estratégicas de agua, lo que eleva la sensibilidad del cambio normativo.
Desde la oposición, la diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, advirtió que “no están protegiendo las autonomías provinciales”. “Están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”, dijo.
El sector minero respalda el ajuste. Empresas sostienen que no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes, por lo que una evaluación técnica permitiría compatibilizar protección ambiental y desarrollo productivo. Se pasa de una prohibición amplia a un esquema de evaluación diferenciada, alineado con criterios de uso eficiente del territorio.
