El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó la suspensión de la licencia para el proyecto de duplicación del puente carretero-ferroviario de Vale sobre el río Tocantins en Marabá, Estado de Pará. El valor total del proyecto asciende a USD 830 millones.
El MPF presentó una demanda contra la minera Vale y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) por irregularidades e impactos socioambientales causados por la ampliación del puente.
De acuerdo con el MPF, el proyecto ha afectado gravemente a los pescadores artesanales y a las comunidades ribereñas de la región, especialmente en el centro urbano de São Félix, en Marabá. El MPF señala que no se llevó a cabo la Consulta Libre, Previa e Informada (CPLI) con estas comunidades, un derecho garantizado por el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Brasil es signatario.
Firmada por la fiscal federal Gabriela Puggi Aguiar, la demanda destaca el incumplimiento por parte del Ibama de exigir la CPLI como condición para la licencia ambiental y de monitorear adecuadamente los impactos del proyecto.
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En la demanda, el Ministerio Público Federal solicita al tribunal que dicte una resolución urgente que determine:
- La suspensión inmediata de la licencia del proyecto hasta que se realice una Consulta Libre, Previa e Informada con las comunidades afectadas.
- El pago por parte de Vale de una asignación mensual de alimentos equivalente a no menos de un salario mínimo a cada pescador afectado, como compensación de emergencia y temporal.
- El suministro inmediato por parte de Vale de combustible, hielo, neveras portátiles, aparejos de pesca y nuevas embarcaciones para adaptar las actividades pesqueras a las nuevas rutas.
- La solicitud de Ibama de que se corrija la evaluación de impacto y se monitoree directamente la calidad del agua.
El MPF también denuncia que Vale se ha negado a compartir los datos de monitoreo de la pesca con los propios pescadores y con investigadores de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (Unifesspa), además de utilizar una metodología considerada fallida en el estudio de la ictiofauna de la región.
Al concluir el proceso, el Ministerio Público Federal (MPF) solicita la nulidad de la licencia de instalación y que Vale e Ibama sean solidariamente responsables de una indemnización por daños morales colectivos por un monto de R$100 millones (aproximadamente USD 18 millones). La demanda busca garantizar la reparación integral de los daños socioambientales y el respeto de los derechos de las comunidades tradicionales afectadas por el proyecto.
