El proyecto cuprífero Taca Taca fue presentado ante la Comisión de Minería del Senado salteño como una de las apuestas mineras de mayor escala previstas para la Puna, durante una exposición técnica realizada por representantes de First Quantum Minerals. La compañía habló de las principales características técnicas, ambientales y económicas de la iniciativa que se desarrolla en el salar de Arizaro.
La comisión fue encabezada por su presidente, Miguel Calabró, acompañado por los senadores Jorge Soto, Gustavo Carrizo, Leopoldo Salva, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá y Walter Cruz. Por parte de First Quantum Minerals asistieron Keith Green, Germán Pérez, Sueli Tang, John Fortuna, Emiliano Framarini y Paula Barbaran.
Green recordó que la firma canadiense es “una empresa minera global, el quinto productor de cobre más grande del mundo”, con operaciones en múltiples continentes y proyectos en desarrollo en Perú y Argentina. En ese marco, sostuvo que Taca Taca es el próximo paso de expansión en el país.
Pérez expuso la magnitud económica del emprendimiento: una inversión de USD 3600 millones, una vida útil estimada de 32 años, 4000 empleos en la etapa de construcción y 2000 durante la operación, además de una producción anual proyectada cercana a 250 000 toneladas de cobre. Precisó también que la iniciativa podría generar exportaciones promedio por USD 1300 millones y una recaudación fiscal acumulada de USD 10 000 millones.
En materia de infraestructura, el proyecto incluye USD 250 millones en obras energéticas, logísticas y de conectividad, tales como rehabilitación ferroviaria, tendido eléctrico y fibra óptica. Según los escenarios presentados, Taca Taca podría alcanzar los USD 3000 millones de anuales en exportaciones e impulsar un crecimiento del 25% del PBI de Salta.
Lee también ► Argentina: POSCO aprueba adquisición del proyecto HMN Li
Pérez agregó que la demanda global de cobre podría duplicarse hacia 2035, motorizada por la transición energética, las energías renovables y la inteligencia artificial. En este marco, subrayó la importancia de que Salta integre el cobre a su matriz minera para fortalecer su desarrollo económico.
Framarini explicó que el proyecto utilizará agua industrial y salmuera no aptas para consumo humano, con un esquema de reutilización del 85%. Recalcó que la operación no comparte fuentes de agua con las comunidades.
A su turno, Tang describió los programas sociales y de sostenibilidad que la empresa ejecuta con las comunidades cercanas, incluyendo consultas previas, libres e informadas, además de iniciativas de salud, cultura y educación.
Green indicó que para avanzar hacia la construcción será indispensable obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y las concesiones de uso de agua, además de completar el financiamiento. Precisó que la meta es cumplir estos pasos para acceder al RIGI, cuyo plazo vence en julio de 2026.
Ambiente, energía y desarrollo local
Durante el diálogo con los legisladores, se abordaron aspectos operativos y normativos del proyecto:
- Energía: la empresa planea instalar una línea de alta tensión con una demanda minera estimada de 200 MW, abastecida con energías renovables. También se contempla una línea de fibra óptica y el compromiso de suministrar energía a Tolar Grande.
- Infraestructura vial y ferroviaria: el acceso se articulará por las rutas 51 y 27, más un desvío hacia la zona operativa. Paralelamente se prevé recuperar el ramal ferroviario para exportar por puertos del Pacífico.
- Proveedores y empleo regional: se está conformando una base de datos de proveedores locales y se priorizará la contratación salteña. Además, se avanza en convenios con universidades para formar perfiles técnicos.
- Marco legal: para iniciar obras se requiere la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y los permisos asociados al RIGI. La empresa destacó la licencia social y la seguridad jurídica provincial.
- Planificación territorial: se discutió cómo expandir los beneficios del proyecto hacia los 60 municipios salteños.
El encuentro permitió a los legisladores conocer de primera mano los progresos del proyecto Taca Taca, y reafirmó el trabajo conjunto entre la empresa y el Estado para avanzar hacia un modelo minero sostenible, con impacto económico y social para la región.
