Foto: ArcelorMittal
El Gobierno del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán (en México), clausuró la mina “Las Truchas”, de ArcelorMittal. La empresa declaró que la clausura es “injustificada e ilegal”.
El Ayuntamiento argumentó que la clausura se realizó porque que la mina no cumple con los requisitos mínimos de seguridad. Pero, según la empresa siderúrgica, el verdadero propósito del Gobierno Municipal es crear atención mediática para presionar a la empresa a aceptar un incremento injustificado del pago del impuesto predial.
ArcelorMittal informó que, hasta el jueves 29 de octubre del presente año, se contaba con el permiso general para uso de explosivos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Sin embargo, el gobierno municipal, contando con la facultad de hacerlo, solicitó a Sedena no revalidar el permiso general para uso de explosivos correspondiente al año 2021 y la suspensión del permiso actual, por supuestamente no contar con una conformidad firmada por la administración municipal actual, conformidad que, de acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y su reglamento, no es exigible anualmente y fue convenientemente exigida recientemente”, dijo la empresa en un comunicado.
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En vista de este nuevo requisito surgido por la insistencia del ayuntamiento ante SEDENA, ArcelorMittal México solicitó a la administración local mediante oficios AM-IMN-JHG-30/2020 y AM-IMN-JHG-31/2020 con fechas del 09 de octubre y 15 de octubre del 2020 respectivamente, proporcionar dichas conformidades, sin que a la fecha exista una respuesta, dejando a la empresa nuevamente, en estado de indefensión.
Además, ArcelorMittal destacó que el pasado 7 de octubre, la dirección de Protección Civil municipal emitió un dictamen en el que señala que en la mina “Las Truchas” no existe riesgo que impida su operación, lo que hace contradictoria la clausura.
La empresa reitera que cuenta con los documentos que avalan dichos permisos, por ende, con todos y cada uno de los requisitos necesarios para la operación de la mina.
“Las políticas de ArcelorMittal México están encaminadas al cumplimiento de las leyes y normas aplicables, por lo que calificamos este acto de clausura como un abuso de autoridad en perjuicio de la compañía, de sus empleados y de la ley, y una represalia de los intentos fallidos por parte del ayuntamiento de incrementar en más de 70% el pago del impuesto predial y de pretender cobrar de forma retroactiva 132 millones de pesos (USD 6.2 millones) por los últimos cinco ejercicios catastrales. Este supuesto adeudo, es lo que ha venido obstaculizando la obtención de licencias y trámites emitidos por el mismo ayuntamiento”, dijo.
Fuente: El Economista
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