El proyecto de mineral de hierro Apolo de la minera brasileña Vale, ubicado en el estado de Minas Gerais, sufrió un revés legal que pone de relieve los riesgos y la incertidumbre asociados a los procesos de licenciamiento.
Un tribunal local ordenó la anulación de los resultados de las audiencias públicas que se realizaron en mayo como parte del proceso de aprobación ambiental. El proyecto Apolo se emplazaría cerca del parque nacional Serra do Gandarela, en el área metropolitana de Belo Horizonte.
No obstante, un portavoz del tribunal local dijo a BNamericas que el grupo Proyecto Manuelzão, vinculado a la Universidad Federal de Minas Gerais, y la ONG Instituto Guaicuy presentaron una medida para impugnar el proceso de audiencia pública. El argumento es que se llevó a cabo sin autorización del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Los planes para Apolo incluyen una mina, un vertedero, una planta de tratamiento de residuos y un ramal ferroviario de 8km que se conectará con la línea Vitória a Minas (EFVM) para transportar la producción al puerto de Tubarão en Vitória, en el estado de Espírito Santo.
La producción prevista es de 14 millones de toneladas anuales de finos de sinterizado con humedad natural, sin necesidad de agua para el procesamiento del mineral de hierro. Debido al tratamiento en seco, no se generarán relaves y el agua requerida se reducirá en 95%.
Después del colapso de las presas de relaves de Vale en Minas Gerais en 2015 y 2019, modificaciones regulatorias prohibieron los proyectos mineros que generarán relaves, lo que obligó a revisar todas las iniciativas en fase de planificación.
Los actores del sector minero coinciden en que las licencias ambientales deben ser rigurosas, sobre todo para evitar el colapso de otra presa, pero la falta de claridad respecto de los plazos es preocupante, incluso para el gobierno.
“Realmente necesitamos discutir los detalles del licenciamiento ambiental en Brasil y creo que esa es una agenda que se debe abordar con prioridad el próximo año. Cuando los inversionistas extranjeros preguntan cuánto demora el proceso de licenciamiento ambiental en Brasil, no sé cómo responder exactamente y eso debe cambiar. No estoy diciendo que el licenciamiento deba flexibilizarse, pero necesitamos tener plazos claros”, dijo a BNamericas Marcus Cavalcanti, director del programa federal de asociaciones de inversión PPI.
Esta situación afecta la percepción que tienen los inversionistas sobre el entorno local de negocios.
“Los inversionistas enfrentan una serie de dificultades en Brasil y las principales son los impuestos, la legislación laboral, las cuestiones ambientales [de licenciamiento] y la excesiva regulación”, dijo a BNamericas Tito Martins, exejecutivo de Vale y exCEO de Nexa Resources, hoy especialista minero de Kaiau Consultoria.
Los litigios son otro tema.
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Recientemente, Brazil Potash, controlador de Potássio do Brasil, anunció un plan para realizar una oferta pública inicial en la bolsa de valores de Nueva York para financiar Autazes, proyecto de potasa de USD 2500 millones en el estado de Amazonas.
En junio, la empresa informó que había recibido la licencia de construcción para una planta de procesamiento. En total, la agencia de licenciamiento del estado de Amazonas, Ipaam, ha emitido hasta el momento 12 licencias para el proyecto.
Sin embargo, la Fiscalía Federal presentó en mayo una demanda para solicitar la suspensión de la licencia de construcción emitida este año para la mina de silvinita.
Según los fiscales, los permisos deben ser emitidos por el organismo ambiental federal, Ibama, y no por Ipaam. Además, los fiscales aseguran que las obras se realizarán en áreas habitadas por el pueblo indígena Mura, cuyas tierras están en proceso de demarcación.
Agenda regulatoria de ANM
Por otra parte, el regulador minero ANM está recibiendo sugerencias de participantes del sector para la agenda regulatoria 2025-2026.
“El objetivo es posibilitar al sector regulado y a la sociedad evaluar la pertinencia de los proyectos propuestos en la agenda regulatoria 2022-2024 que aún no están finalizados y contribuir a la proposición de nuevos temas, si son de interés”, indicó la ANM en un comunicado.
Los comentarios podrán enviarse a través de la plataforma Participa + Brasil hasta el 2 de octubre.
“La agenda regulatoria es un instrumento de planificación, gestión y transparencia previsto en la Ley Nº13.848, del 25 de junio de 2019, a través del cual se establecen proyectos prioritarios para las actividades de la ANM en el ámbito regulatorio, lo que promueve la previsibilidad y una mayor certidumbre para el sector regulado y la sociedad”, indica el comunicado.
Fuente: BNamericas
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