En 16 años, México pagó Us$242.9 millones a nueve empresas trasnacionales, como compensación por demandas que apelan al arbitraje supranacional en tribunales a puerta cerrada.
Se trata de las estadunidenses Cargill, Metalclad, Feldman, ADM y Corn Products; las españolas Abengoa y Tecmed; la francesa Gemplus; y la argentina Talsud.
Esto debido a una cláusula incluida en la mayoría de los Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión, que establece protección a los inversionistas, al obligar a los Estados a indemnizar a las empresas por proyectos no concretados.
El mecanismo de demanda es denominado Solución de Controversias entre Inversionista y Estados (SCIE). Esta permite a las empresas presentar demandas por millones de dólares en tribunales privados. La mayoría de los casos, sometidos a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pertenecen al sector de minería, petróleo y gas.
Bajo este sistema, que ha cobrado relevancia en los últimos años, México también tiene casos de demandas, vinculados a proyectos extractivos de industrias mineras provenientes de Estados Unidos y Canadá.
La mayoría de las demandas provienen de empresas que cotizan en Canadá, debido a los requisitos poco estrictos, en materia de normas, para listar y constituirse como sociedad; además de las bajas tasas de impuestos corporativos.
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Las amenazas de demanda contra México son cuatro, tres por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias.
En el 2010, en el marco del tratado del Libre Comercio de América del Norte, luego de que las autoridades ambiéntales en el Estado de Chiapas clausuraran la mina de barita La Revancha (Payback), en diciembre de 2009; la empresa canadiense Blackfire Exploration presentó una demanda por un monto de US$800 millones. Sin embargo, la demanda se disolvió en 2017.
El segundo caso se da en el marco de la Cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá, en 2016. La empresa canadiense Primero Mining interpuso una notificación de intención de demanda porque el gobierno federal quiso incrementar el monto a sus impuestos, con base en sus ventas de plata. El proceso arbitral fue suspendido en 2018 como consecuencia de negociaciones con el gobierno mexicano.
En setiembre de 2018, después de publicarse la renegociación del TLCAN, la empresa estadunidense Legacy Vulcan notificó su intención de demanda como consecuencia de un conflicto ambiental sobre el extractivismo de piedra caliza en Quintana Roo. Al no solucionar el conflicto, este 2019 formalizó el proceso por un monto de US$500 millones.
La empresa Odyssey Mineral Exploration también notificó su intención de demandar al país por US$3.540 mil millones a causa de no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato, en suelos marinos cerca de Baja California Sur.
En total, México ha concesionado el 11.3% (22, 100,000) de hectáreas a la minería, le antecede Chile con el 41% y Perú con el 14.3%.
Aunque las cláusulas que permiten estas controversias fueron desechadas para el gobierno canadiense, se mantienen vigentes para México bajo el Tratado Transpacífico.
El Dato
Para mayor información pueden revisar el informe “Casino del extractivismo”, elaborado por los investigadores Jen Moore y Manuel Pérez Rocha en colaboración con Mining Watch Canada, Institute for Policy Studies y Center International Eviromental Law.
Fuente: Somos el Medio
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