Tal como lo anunció, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó decretó por el que se crea una nueva Área Natural Protegida (ANP) llamada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, con una extensión de más de 53 000 hectáreas, entre las que se incluye la mina Calica propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen.
El decreto invoca el artículo cuarto constitucional que establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
También cita el artículo 27, párrafo tercero, según el cual “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público".
De las 53 227 hectáreas que abarca la nueva ANP, un pequeño porcentaje (4.4%) corresponden a las 2387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a la trasnacional Vulcan Materials, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y del muelle Punta Venado, desde donde embarcaban hasta el año pasado el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a la Unión Americana.
Según se lee en el estudio justificativo consultado por El Economista, el impacto de las actividades extractivas en la mina Calica ha llegado a tal grado que “se han expuesto nueve cuerpos de agua tras la remoción de la vegetación y la roca caliza, mientras que el polígono La Dársena de la propuesta de ANP funciona como sitio para el resguardo de banco de material y puerto marítimo.
Se añade que “los impactos de aprovechamientos de materiales pétreos mayores se relacionan con desabasto de aguas y modificación de los flujos subterráneos. Con la modificación de las corrientes del sistema subterráneo y el manto freático, existen diferentes implicaciones en las dinámicas hidrológicas y la calidad de sus aguas”.
En julio pasado, el presidente López Obrador anunció que antes de concluir su mandato convertiría la mina Calica en reserva natural luego de haber fracasado el diálogo con la empresa estadounidense para que el Gobierno mexicano les comprase la tierra.
Con la declaratoria, se prohíben todo tipo de actividad extractiva, por lo que se extingue la posibilidad de que Vulcan continúe extrayendo material pétreo del subsuelo para exportarlo a Estados Unidos.
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Arbitraje internacional en proceso
Vulcan inició desde 2018 un proceso contra México ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), acusando supuestas acciones del Gobierno mexicano que impiden la operación de la empresa en Playa del Carmen.
El litigio iniciado en 2018 ante el CIADI se origina por acciones gubernamentales que datan de 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y el Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen.
El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en estos.
Otro de los reclamos por los que Vulcan inició el arbitraje internacional es la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017, previo a interponer la querella por 1500 millones de pesos en contra del Gobierno de México.
A dichos reclamos se suma la clausura del predio La Adelita, ejecutada en mayo de 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de la cancelación de los permisos para operar el muelle Punta Venado, desde donde la compañía embarcaba el material pétreo hacia Estados Unidos.
La empresa no ha dado a conocer aún en cuánto incrementará el monto económico reclamado a México por los nuevos agravios que ha expuesto ante el CIADI.
Fuente: El Economista
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