El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, afirmó que una reforma administrativa que permita tramitar en paralelo los permisos para proyectos mineros podría reducir los tiempos de aprobación de siete a aproximadamente tres años, fortaleciendo así la competitividad del país como destino de inversiones.
Durante sus reflexiones finales en el Jueves Minero “WMC 2026: Conclusiones estratégicas para la agenda minera del Perú”, Ortiz sostuvo que una de las principales tareas del próximo gobierno será revisar los procedimientos administrativos que actualmente retrasan el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
“Esperamos que el nuevo gobierno tenga un perfil proempresa y revise aquellas situaciones que claramente han generado una pérdida de competitividad para el país”, señaló.
Permisos en paralelo
El titular del IIMP explicó que el actual modelo de evaluación obliga a las empresas a obtener un permiso para recién iniciar el trámite del siguiente, generando un proceso secuencial que puede extenderse por varios años. Incluso, advirtió que una observación formulada en las etapas finales puede obligar a reiniciar procedimientos realizados cinco años atrás.
Frente a ello, propuso retomar un esquema de evaluación paralela, en el que las distintas entidades del Estado revisen simultáneamente un mismo expediente, como ocurre en otras jurisdicciones mineras como Brasil, Canadá, Chile y Australia.
Según Ortiz, este mecanismo permitiría reducir los tiempos de aprobación “de siete años tranquilamente a la mitad”, acercando al Perú a los estándares internacionales en materia de permisos para proyectos mineros.
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Ventanilla única digital
Como parte de esta reforma, el presidente del IIMP planteó consolidar una verdadera ventanilla única digital que permita que todas las instituciones involucradas en la evaluación accedan al mismo expediente, formulen observaciones de manera simultánea y hagan seguimiento conjunto a las respuestas y modificaciones presentadas por las empresas.
“La ventanilla única es una plataforma que permite que todos puedan ver el expediente en simultáneo, sepan dónde están las consultas, quién las responde y quién las evalúa, dejando además una trazabilidad completa del proceso”, explicó.
Añadió que este modelo facilitaría que todas las certificaciones se obtengan prácticamente al mismo tiempo, sin reducir el rigor técnico ni los estándares ambientales y sociales.
Voluntad política
Ortiz sostuvo que la implementación de estas mejoras no requiere una reforma integral de la legislación minera, sino revisar procedimientos administrativos que hoy obligan a que una entidad espere la aprobación de otra antes de iniciar su evaluación.
En ese sentido, consideró que existe margen para introducir cambios mediante decisiones administrativas dentro del propio Estado.
“Creemos que hay oportunidades de estudiar este tipo de debilidades sin perjuicio de la calidad de la evaluación. Hay pocos cambios normativos que hacer; lo que se necesita es voluntad política para revisarlo”, concluyó.
