Se rechazó recurso presentado por comuneros de Nor Lípez, que pretendía paralizar el tratamiento legislativo de los contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Uranium One Group (Rusia) y el consorcio chino CBC.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Público Mixto de Instrucción Penal, Civil y Comercial N°1 de la población de Colcha “K”, en Potosí, dejando sin efecto la medida cautelar del 27 de mayo de 2025, que prohibía a la Asamblea Legislativa continuar con el tratamiento y posterior aprobación de los contratos.
Se concluye que no existe una amenaza directa e inminente a los derechos que los demandantes alegaban como vulnerados, por lo que la tramitación de los contratos en el Legislativo debe continuar.
Hasta el momento ya son dos fallos que tienen el mismo sentido, ya que una decisión similar ya fue emitida anteriormente por la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, que también desestimó un recurso de Acción Popular interpuesto contra los mismos contratos.
Ambas decisiones judiciales ratifican la legalidad de los acuerdos y aportan certeza jurídica al proceso de industrialización que impulsa el Gobierno nacional. En las últimas semanas causó cierta preocupación respecto a la seguridad jurídica en el país, y estos fallos generan tranquilidad en YLB y las empresas que firmaron los contratos.
Tras el anuncio, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías exhortó nuevamente a la Asamblea Legislativa a dar curso a la aprobación de los contratos firmados por YLB con Uranium One Group y el consorcio CBC, que contemplan la instalación de plantas industriales para la producción de carbonato de litio con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.
Ambos contratos ya fueron tratados en comité y comisión dentro de la Cámara de Diputados. Ahora se aguarda su tratamiento en el pleno de esa instancia y posteriormente en la Cámara de Senadores, como parte de los procedimientos legislativos establecidos.
Los acuerdos abarcan, además, que las empresas asumirán el 100% del costo de inversión, que supera los USD 2000 millones, y garantizan una participación mayoritaria del Estado boliviano del 51% en los beneficios generados por los proyectos.
Ambos contratos también incluyen el compromiso de realizar estudios de impacto ambiental bajo supervisión de las comunidades aledañas. En etapas previas ya se realizaron socializaciones y consultas para las fases de muestreo, y se prevé una nueva etapa de consulta y socialización con todas las comunidades cercanas a los proyectos antes del inicio de operaciones.
