Argentina: Cuestionan políticas mineras

El Congreso de la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina, aprobó en noviembre la ley para crear un área de interés especial para minería metálica que margina las tierras en un radio de 10 km de cualquier localidad, y a 4 km de algún lago o del eje de los ríos importantes.

La medida también establece que las nuevas solicitudes de derechos mineros en esa área serán rechazadas y cualquier petición de área que esté en curso será anulada.

En otras provincias argentinas como Mendoza, Chubut, Tucumán, San Luis y Río Negro han prosperado diversas iniciativas que limitan la actividad minera, como la prohibición del uso de cianuro, mercurio o ácido sulfúrico o de las minas a cielo abierto.

Asimismo, en 2008 diputados de la provincia de Neuquén presentaron un proyecto de ley para prohibir la utilización de esos insumos en desarrollos mineros de esa provincia, así como la prohibición del uso de esas sustancias en la exploración, explotación, extracción o industrialización de minerales metalíferos.

Ese mismo año, la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja derogó una ley que prohibía la explotación minera a cielo abierto con técnicas que utilicen cianuro, mercurio u otras sustancias contaminantes.

A este grupo de provincias "antimineras" se une ahora Santa Cruz, que se ha caracterizado por mantener una importante actividad y que alberga proyectos de minería metálica, principalmente de oro y plata, como Cerro Negro de Andean Resources y Cerro Moro de Exeter Resource.

En la provincia existen también las operaciones mineras San José de Hochschild y Minera Andes; la mina de oro y plata Cerro Vanguardia perteneciente a AngloGold; el proyecto Don Nicolás que será adquirido por Minera IRL; los desarrollos Cap-Oeste y Lomada de Leiva de Patagonia Gold; además de una serie de desarrollos de Mirasol, entre ellos el proyecto Joaquín.

Según la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en Santa Cruz, la ley se aprobó sin ningún tipo de consulta a ese gremio y lo único que está haciendo la norma es frenar el desarrollo del sector en esa provincia, que según estimaciones del gremio reducirá la actividad minera en un 25%.

Y pese a que la minería en Argentina tiene controles estrictos aun antes de comenzar la construcción de algún proyecto, y se desarrolla respetando el medioambiente, todavía siguen surgiendo y afianzándose este tipo de restricciones.

No es para sorprenderse, pues desde el gobierno central, valga decir desde la Secretaría de Minería de Argentina, se han emitido normas que más que ayudar al desarrollo del sector, lo que han hecho es frenarlo.

A finales de 2007 el gobierno decidió, también de manera unilateral, aplicar un arancel de 5-10% a la exportación de minerales, incluso de las empresas que tienen contratos de estabilidad de largo plazo, conocida como Ley de Retenciones Mineras.

Han pasado dos años y si bien se estableció una mesa de diálogo entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y el Gobierno con el fin de buscar un consenso sobre el pago de las retenciones, no ha habido ningún cambio sobre esa decisión.

Esas políticas que surgen desde los diferentes gobiernos dan señales en contra del desarrollo del sector que generan demandas y fuga de inversiones que no ayudan en nada a la economía del país.

Por eso, ahora que el sector está saliendo de una recesión producto de la crisis global, decisiones de este tipo -tanto de las autoridades provinciales como de las autoridades del Gobierno- no son las más indicadas cuando realmente se quiere incentivar un sector decaído, además, por los bajos precios de algunos minerales en los mercados internacionales.

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