El gobierno boliviano tomará como base de verificación de actividad minera los últimos 12 meses para determinar la reversión de los derechos de concesión. Para eso, establecerá un cronograma de inspección conjunta con los titulares de las áreas. En un plazo de 25 días hábiles se definirá la suerte de la concesión de prospección y explotación, de acuerdo a datos publicados por la prensa local.
El Decreto Supremo 1801 reglamenta la ley de Reversión de Derechos Mineros de septiembre de 2013, que determina que vuelven al Estado áreas otorgadas por contrato si llega a comprobarse inexistencia de actividad.
El presidente Evo Morales informó, el 18 de septiembre pasado, durante la promulgación de la ley, que, según datos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), hay unas 7.000 concesiones privadas, estatales y colectivas, de las cuales alrededor de 2.254 son totalmente privadas. También advirtió que de ese total, “vamos a recuperar el 70% de estas inversiones y volverán al pueblo boliviano”.
MPA
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