De los US$53.000 millones en proyectos mineros que tiene en cartera el Ministerio de Energía y Minas de Perú para los próximos cinco años, sólo se podría ejecutar un tercio durante ese lapso de tiempo, según pronóstico del director de la ONG Cooperacción al presenter el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros de ese país.
¿La razón? En gran medida, por los conflictos sociales y la oposición a varias inciativas mineras. Los trámite burocráticos también ocupan una buena porción en el retraso de los proyectos mineros. Según especialistas, cerca de un 30% de la inversion minera se está quedando enredada en las dependencias gubernamentales. A veces puede haber demoras hasta de dos años para una licencia de uso del agua, por ejemplo.
De acuerdo con el director de Cooperacción, en 2012 los conflictos mineros aumentaron en número e intensidad. Advirtió que las zonas de mayor riesgo, en 2013, serán Cajamarca, Apurímac, el Cusco y Puno. También lamentó que el Estado no haya implementado el nuevo sistema de evaluación ambiental, ni dado los reglamentos de la ley de consulta previa, pues ello hubiera mejorado el desarrollo de las inversiones.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta noviembre de 2012 había 230 conflictos sociales, diez más que en el mismo mes del año anterior. De esa crifra, 128 eran socioambientales y relacionados con la minería.
Hay varios proyectos suependidos debido, precisamente, a conflictos sociales: Río Blanco, en Piura; Tía María, en Arequipa; Santa Ana, en Puno; y Conga, en Cajamarca.
MPA
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