¿La minería puede ser sustentable?

Por Walter Duer, Buenos Aires

La relación entre las mineras y los pueblos que circundan los yacimientos nunca ha sido fácil. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 133 conflictos en 15 países, que implican 157 proyectos y afectan a 175 comunidades.

La OCMAL es una ONG que congrega a 40 asociaciones sin fines de lucro de América Latina que tratan temas mineros. Su financiamiento se basa en el aporte de las asociaciones miembro, que abonan una especie de membresía, más la colaboración solidaria de otras ONGs de Europa y Estados Unidos con objetivos similares.

Las leyes

Desde el punto de vista de las empresas, muchas están estableciendo mejores prácticas ambientales para cumplir con regulaciones y estándares internacionales. Mirado desde las leyes, las cosas han mejorado en las dos últimas décadas. Varios países de la región han modificado sus regulaciones mineras e impuesto más controles a los aspectos de protección ambiental: Argentina con su Ley 24.585 (de 1995), Guatemala con el Decreto 49 (de 1997), México con las modificaciones hechas en 2006 a la Ley Minera de 1992 o Chile, con la Ley de Bases del Medio Ambiente (19.300, de 1994). El efecto inverso se vivió en países como Perú y Ecuador, donde las últimas modificaciones legales, recientes en ambos casos, generaron controversias y denuncias por inconstitucionalidad.

Desacuerdos y violencia

En Perú,  las organizaciones sociales tienen una queja de base: las leyes que hay en los diferentes países son insuficientes, no cubren la problemática de las poblaciones y las comunidades y están movilizadas por los intereses de las propias empresas.
Rodrigo Carpio, de la Secretaría de Economía y Planificación de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), de ese país, afirma que “los problemas de las comunidades parten de la aplicación de un modelo político, económico y de normativas desfavorables a los derechos de los pueblos indígenas”. Según sus palabras, esto produce que “las comunidades, dentro de este marco jurídico  diseñado por los gobiernos de turno controlados por el sector empresarial, sufran desplazamientos, contaminación de sus aguas y de sus tierras agrícolas y problemas de salud por metales tóxicos”.

En Argentina, en las provincias de Catamarca y Mendoza, se incrementó el nivel de violencia y hasta han ocurrido atentados, como el que se produjo en Andalgalá, en la provincias de Catamarca. “Nuestra industria fue víctima de la irracionalidad, producto de mezquindades, del desconocimiento y de otros intereses sectarios envueltos en un discurso de pretendido ambientalismo”, declaró Manuel Benítez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, durante la celebración del Día de la Minería de este año. “Quienes atacan a la minería plantean objeciones de distinto tipo, pero en este juego desnudan un desconocimiento abrumador, demagogia y, en algunos casos, oportunismo”. Para el ejecutivo, la forma de evitar estas intervenciones es “profundizar el diálogo con las comunidades y con sus líderes políticos y sociales”.

Tampoco en México las relaciones son fluidas. En un texto fechado en julio de 2008, Gustavo Castro Soto, miembro del comité de organización de Otros Mundos y autor de material sobre personas desplazadas, globalización y la situación en Chiapas, habla sobre la creación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, ocurrida pocos días antes. “El gobierno mexicano ha ido entregando en los últimos 25 años el territorio nacional y su subsuelo a las empresas mineras trasnacionales. Alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 9 por ciento del territorio del país, se les ha entregado y regalado como concesiones mineras”, declara como motivación.

Ejemplos prácticos

Otro aspecto es el de las prácticas sustentables. Muchas empresas del sector las están implementando. Miguel Martín, jefe de comunicaciones de Barrick Gold Corporation, una de las principales productoras globales de oro con sede en Canadá, cuenta que Veladero, una mina de oro en San Juan, Argentina, está certificada por la Norma ISO 14.001 y el Código Internacional del Manejo del Cianuro. “Procuramos un manejo responsable del agua a través de procesos en circuito cerrado sin contacto con aguas naturales, la minimización, clasificación y compactación de residuos, el reciclado de materiales con valor de uso y el desarrollo de sistemas de gestión ambiental”, indica.

La tecnología también puede ayudar. “Nuevas tecnologías como sensores y modelos matemáticos pueden colaborar a la hora de monitorear el impacto ambiental de la actividad minera”, apunta Samuel Toledo, director ejecutivo de Zafiro Consultoría, una empresa con sede en Chile especializada en gestión de la innovación, pero advierte que “las empresas del sector adoptan las tecnologías ambientales para cumplir con las normativas vigentes: si la ley no obliga, el interés es bajo”. Queda mucho trabajo por hacer para poder mejorar estas relaciones. Lo principal es derrotar las barreras culturales y establecer, por fin, un diálogo entre las partes, hoy prácticamente nulo.

MPA