Minería peruana busca soluciones a conflictos sociales

Los frecuentes conflictos sociales se están convirtiendo cada vez más en un obstáculo para el desarrollo de la minería en Perú y algunos ya están sugiriendo la creación de entidades especiales que enfrenten con mayor eficacia estos problemas o que se realicen reformas al sistema de concesiones mineras.

Las recientes protestas en contra de la actividad minera en la Región Puno, sur de Perú, probablemente derivarán en un debate sobre la manera de reformar la adjudicación de concesiones, dice José de Echave, responsable del programa de derechos colectivos e industrias extractivas de la ONG Cooperacción, con sede en Lima.

"La impresión que tengo es que la política de concesiones va a comenzar a ser revisada porque este tema va a estar en la agenda del próximo Congreso", sostuvo De Echave, a lo que agregó: "Yo creo que de aquí en adelante va a haber cambios en la manera en que concesionan para la actividad minera".

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Perú exige la creación de una nueva entidad dentro del gobierno que se encargue de solucionar los conflictos sociales, señaló Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad del organismo estatal.

"Yo creo que la entidad que se encargue de la gestión de conflictos sociales en el nuevo gobierno debe tener un peso político importante", señaló Luque durante una conferencia de prensa. "Debe tener rango ministerial y la oportunidad de discutir los temas y problemas a nivel del gabinete".

"Ahí necesita un contrapeso con los intereses que pueden representar otros ministerios, intereses que puede ser perfectamente válidos, pero cuyas orientaciones probablemente no han considerado la perspectiva de las poblaciones locales", agregó.

Hasta ahora, no existe una entidad que cuente con toda la información necesaria para representar los puntos de vista de las comunidades, de acuerdo con Luque. La entidad estaría a cargo de crear una estrategia nacional orientada a promover el diálogo y resolver los conflictos, y necesitaría contar con una dotación de equipos especializados en todo el país.

Los conflictos sociales han afectado la ejecución de numerosos proyectos mineros y retrasado la inversión de miles de millones de dólares en los últimos años.

Entre las iniciativas que se han abandonado o postergado debido a la oposición local figuran el proyecto polimetálico de US$405 millones Tambogrande, que Manhattan Minerals tiene en la Región Piura; el proyecto cuprífero de US$1.440 millones Río Blanco de la minera china Zijin Consortium, también localizado en Piura; y el desarrollo del depósito Cerro Quilish, con una capacidad de 3,7Moz y propiedad de Minera Yanacocha, operador de la mina de oro más grande de Latinoamérica, localizada en la Región Cajamarca.

Además, se han visto afectados por postergaciones provocadas por la oposición de la comunidad aledaña el proyecto de US$934mn Tía María de la firma con sede en EEUU Southern Copper (NYSE, BVL: SCCO) y ubicado en la Región Arequipa, y el proyecto de cobre Quellaveco de la firma con sede en Londres Anglo American (LSE: AAL), emplazado en Moquegua.

MPA-Business News Americas