Juan Manuel Santos es desde ayer el nuevo presidente electo de Colombia e iniciará su gobierno el próximo 7 de agosto. Como es de esperarse el país y el mundo está a la expectativa del nuevo estilo de gobierno que llega a Colombia. La industria minera está atenta.
Según el plan de gobierno de Santos, la minería seguirá siendo uno de los protagonistas principales del crecimiento económico de Colombia en los próximos años.
En el plan de gobierno de Santos hay una referencia clara al sector minero: “la minería se mantendrá como punta de lanza del país”. El objetivo, según el plan publicado en el sitio de Internet del nuevo presidente, consiste en “atraer más inversionistas de talla mundial con reglas del juego que garanticen la estabilidad a largo plazo y que establezcan claramente la distribución, destinación y uso de las regalías, los impuestos y la inversión en las zonas mineras”.
También propone la creación de un fondo de ahorro de los ingresos mineros y energéticos. Este fondo que funciona con éxito en países como Chile busca evitar que los ingresos del sector minero se despilfarren y a la vez que la economía pueda administrar mejor posibles auges de ingresos inesperados.
Los economistas temen que un auge de ingresos por un solo sector como el minero provoque desequilibrios como apreciación de la moneda o inflación por aumento de la demanda. Un fondo especial, permitiría evitar estos problemas y hacer un mejor uso de las ganancias que genere un sector como el de la minería.
Se reafirma
El enfoque de Santos sobre el sector minero parece reafirmar la política reciente de Colombia. Durante los ocho años que duró el gobierno del presidente Álvaro Uribe el sector avanzó de manera positiva y logró un importante reconocimiento a nivel internacional.
Ciertamente se mejoró la inversión extranjera directa (IED) en minería, que entre 2007 y 2008 registró un crecimiento de 93% y que en el 2009 estuvo en cerca de US$2.000 millones de un total de US$8.557 millones. Durante los primeros cuatro meses de este año, los sectores que registraron el mayor crecimiento en el país en cuanto a IED fueron el petróleo y la minería, con US$2.053 millones.
En esos ocho años también llegaron al país varias empresas, se ajustó la ley minera, se entregó a privados el desarrollo de Frontino Gold, se consolidó la seguridad física para los inversionistas, se organizaron los distritos mineros y se consolidó la Feria Internacional Minera como escenario para promover el sector, entre otros muchos logros.
Los desafíos
Si bien hay un importante terreno ganado, al nuevo gobernante le corresponderá la tarea de tomar decisiones más drásticas sobre las políticas que regulan la actividad minera, y no precisamente a través de una nueva ley del sector, sino mediante una mayor claridad y efectividad respecto de apoyar a quien hace o a quien quiere hacer bien las cosas. Esto porque a la hora de entregar permisos a aquellas empresas que quieren hacer una exploración o explotación respetuosa con el medio ambiente, o que quieren llevar a cabo una actividad minera con todas las normas ambientales y legales, surgieron trabas, exigencias y complicaciones.
Un ejemplo es el caso de la canadiense Greystar, que debió presentar una apelación al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) para reingresar el EIA para su proyecto Angostura, luego de que el ministerio solicitó a la compañía llevar a cabo un nuevo estudio del proyecto.
Cuando el ministerio solicitó el nuevo estudio en abril, el precio de las acciones de Greystar había caído a la mitad, aunque había recuperado gran parte de la pérdida al ganar la apelación. O el caso del proyecto de oro La Colosa, de la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti, para el cual el mismo presidente Uribe pidió a las autoridades de la Corporación Regional de Tolima (Cortolima) no generar más trámites para su desarrollo.
Sin embargo, para aquellas explotaciones informales que afectan de manera irreparable el medio ambiente y que operan sin ningún tipo de seguridad para los mineros, no existe una regulación exigente que las controle. Un ejemplo de esto ocurre en el departamento del Valle del Cauca, donde cerca de 5.000 mineros ilegales siguen buscando oro en la ribera del río Dagua, una actividad que afecta de manera importante el medio ambiente de la zona.
Por eso, el nuevo gobernante de Colombia deberá agilizar la toma de ese tipo de decisiones, para que las empresas mineras que llevan a cabo la actividad con todas las de la ley se sientan seguras de que sus inversiones comenzarán a tener rentabilidad sin mayores complicaciones y sobre todo con el respaldo y apoyo y de las autoridades del sector.
MPA - Business News Americas
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