Southern Copper, con sede en EE.UU., podría lograr una mejoría en las relaciones con los opositores a su proyecto de US$934 millones Tía María en la Región Arequipa si realiza obras de envergadura que demuestren su compromiso con la zona, según el ex viceministro de Minas de Perú Rómulo Mucho.
"Soy optimista [respecto a los avances que pueda mostrar el proyecto]", sostuvo durante una conferencia de prensa sobre las relaciones con la comunidad en el sector. "Yo lo que pienso es que Southern Copper tiene que hacer algo de impacto para el valle [de Tambo], para Arequipa. Entonces, de una manera la gente dice que sí aporta".
SCC ha enfrentado una férrea oposición a Tía María en los últimos dos años de parte de los lugareños que temen su potencial impacto ambiental. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) rechazó su estudio de impacto ambiental este mes por las persistentes manifestaciones en contra, que eran cada vez más violentas.
Al inicio, la oposición se relacionaba principalmente con el uso de napas subterráneas para Tía María. Para resolver este tema, SCC determinó construir una planta desalinizadora para el suministro de agua, pero la hostilidad hacia el proyecto se mantuvo.
Tía María es uno de numerosos proyectos e inversiones de miles de millones de dólares que han sido postergados en el sector minero peruano por la oposición de los lugareños.
La iniciativa más recientemente afectada es el proyecto argentífero Santa Ana, que la firma de Vancouver Bear Creek Mining (TSX-V: BCM) posee en la Región Puno.
El ministerio suspendió el proceso de aprobación del estudio del impacto ambiental y social por 12 meses hasta mayo del 2012 a raíz de las protestas y para permitir que el área retorne a la normalidad.
En el sur de Puno empezaron las manifestaciones el 9 de mayo para exigir la anulación de Santa Ana, la revocación de siete concesiones mineras en Huacullani y Kelluyo que adquirió Bear Creek el 2007 y la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras y petroleras en la región.
Las protestas se tornaron cada vez más violentas con barricadas en caminos y saqueos de edificios públicos, aunque estuvieron suspendidas esta semana para no interferir con la votación presidencial del 5 de junio.
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