La producción de la empresa aurífera estatal venezolana Minerven está en niveles mínimos históricos y, para normalizar sus niveles de producción, se requiere de una inversión de entre US$300 y US$500 millones según cálculos de la Cámara Minera de Venezuela. Luis Rojas, presidente de la entidad gremial, manifestó que el gobierno puede elegir entre invertir directamente esa suma o buscar un sistema de asociación que sea efectivo.
Bajo la Ley 8413, conocida como ley de nacionalización del oro que fue promulgada a instancias del gobierno en el año 2011, la explotación del metal precioso debe ser realizada por empresas mixtas a las que el Estado simplemente aporta el terreno, debiendo ellas proporcionar todo lo demás y teniendo la obligación de contar con más de US$50 millones disponibles para invertir. Rojas indicó que pocas empresas tienen esa capacidad, por lo que no prevé que se concreten iniciativas por ahora.
El gobierno venezolano, por su parte, sigue afinando los detalles para la aplicación de la Ley 8413, que nacionaliza y reserva al Estado la exploración y explotación del oro y algunas actividades conexas. Con motivo de la rescisión de los contratos mineros que fue ordenada por el Estado, los grandes proyectos auríferos en Venezuela están envueltos en disputas de arbitraje internacional entre el gobierno y sus antiguos dueños, la canadiense Crystallex International y la estadounidense Gold Reserve, que buscan compensación.
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