Argentina: La minería está cambiando la realidad de la provincia de Salta

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, participó junto a sus pares de Jujuy, Gerardo Morales, y de Catamarca, Raúl Jalil, del panel “Las potencialidades de las provincias productoras”, parte de la feria internacional Arminera 2023, que se desarrolla en Argentina y que está convocando a las principales empresas operadoras, proveedores, profesionales y decisores del mercado minero.

En su intervención, Sáenz destacó que en la provincia se trabaja coordinadamente con las comunidades de la Puna, cercanas a los proyectos mineros, a través de las Mesas Sociales “co-construyendo una minería transparente y responsable”. 

Puntualizó que se puso en marcha el proyecto Lindero de la empresa Mansfield Minera, que es la primera operación aurífera en la provincia. Se están construyendo 3 plantas comerciales para la producción de carbonato e hidróxido de litio (Litio Minera Argentina -Ganfeng- Eramine -Eramet y Thingshan, y Posco). Asimismo, hay varios proyectos que están avanzando con sus tareas de exploración, perforación y plantas pilotos.

Otros grandes proyectos que vienen desarrollándose a buen ritmo pertenecen a Río Tinto en el Salar de Rincón; Puna Mining, también en el Salar de Rincón; Lithium Americas con el proyecto Pastos Grandes; Lítica en el Salar de Río Grande, entre otros.

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En esta línea afirmó que en los próximos cuatro años, “generaremos las condiciones necesarias para que se pongan en marcha la mayor cantidad de proyectos y que esto se haga de manera sustentable y sostenible, respetando el medio ambiente a las comunidades originarias, generando más y mejores empleos para todos los salteños”.

Sáenz dijo: “Buscaremos que los más de 3000 millones de dólares en inversiones realizadas en los últimos 3 años, sigan incrementándose, que los proveedores mineros locales sean cada vez más y más competitivos; que se multipliquen los puestos de trabajo directos e indirectos generados por las empresas”.

Por ello ratificó que Salta promueve la seguridad jurídica, reglas claras y previsibilidad para proteger las inversiones mineras que generan empleo y desarrollo de proveedores a lo largo de toda su cadena de valor.