Ubicación del proyecto de oro y plata Ixtaca/ Crédito: Almaden Minerals.
La decisión de la Corte Suprema de México de cancelar las concesiones de Almaden Minerals corre el riesgo de sentar un peligroso precedente para el sector minero, amenazando con interrumpir las actividades en otras minas y proyectos y desencadenar una oleada de demandas de arbitraje internacional.
La semana pasada, el tribunal ordenó la cancelación de las concesiones de oro Ixtaca, que Almaden tiene en el estado de Puebla, luego de interponerse un recurso de amparo a nombre de la comunidad nahua de Tecoltemi, que afirmó que los títulos eran inválidos porque no se les consultó.
En lo que los medios locales han calificado como una decisión histórica, el máximo tribunal canceló las concesiones y dictaminó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas sobre actividades que pudieran incidir de manera significativa en sus vidas y su entorno, como los proyectos mineros.
Argumentó que esta obligación está consagrada en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es signatario.
Repercusiones para Almaden
En un comunicado, la firma con sede en Vancouver describió el fallo como un borrador y afirmó que la decisión final, que espera dentro de dos meses, podría diferir.
El dictamen deja además la puerta abierta para que la Secretaría de Economía vuelva a conceder las concesiones de Ixtaca.
“El borrador ordena a la Secretaría de Economía declarar ineficaces los títulos minerales de Almaden y volver a emitirlos una vez que la secretaría cumpla su obligación de proceder con los trámites necesarios para consultar a las comunidades indígenas”, indicó la empresa.
Agregó que por ahora no hay un cronograma para que la cartera realice esta consulta.
Ramificaciones
Sin embargo, la industria minera tiene una preocupación mayor: que el fallo de la Corte Suprema pueda sentar un precedente y conducir a situaciones similares en minas y proyectos en todo el país.
Y hay señales de que otras comunidades, con el respaldo de ONG, podrían estar considerando interponer recursos de amparo por otras propiedades.
“La decisión de la corte respecto a las concesiones es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no solo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la [Suprema Corte de Justicia de la Nación] SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, dijo la ONG local Fundar en un comunicado.
Esto podría dar lugar a una situación similar a la que vive Guatemala, donde las faenas de todas las grandes minas han sido suspendidas tras recursos judiciales presentados por la ONG local Calas debido a la falta de consultas previas a las comunidades indígenas.
En Guatemala están paralizadas la mina de plata Escobal, de Pan American Silver, y la operación aurífera Tambor, de Kappes, Cassiday & Associates, a la espera de que concluyan las consultas bajo las reglas del Convenio 169, mientras que el activo de níquel Fénix, en manos deSolway Investment Group, fue reactivado después de culminar una consulta en diciembre.
Derechos mineros
Pero Almaden y otras empresas afectadas por tales fallos podrían reclamar una compensación, ya que el Convenio 169 solo impone obligaciones directas a los estados y no a las compañías privadas.
“Entonces, si la concesionaria actuó de buena fe, es posible que deba ser compensada por las consecuencias de la conducta del Estado”, señalaron abogados del bufete internacional White & Case en un comunicado.
Las empresas extranjeras podrían tener acceso a más recursos jurídicos a través de tratados de protección y promoción de inversiones, que México ha firmado con más de 40 estados y que otorgan a los inversores diversos derechos tales como un trato justo y equitativo y sin discriminación y una expropiación justa.
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“La decisión de la Corte Suprema, así como el posible uso de este precedente en otras concesiones mineras del país, podría llegar a afectar derechos protegidos por los tratados, como las expectativas razonables y legítimas de los inversionistas que reservaron recursos para el país y que confiaron en la aplicación de un marco legal y comercial específico”, agregaron los abogados. “Dicha afectación podría dar lugar a potenciales denuncias ante tribunales internacionales en el marco de los tratados de los que el Estado mexicano forma parte”.
En el fallo de la semana pasada, los jueces de la Corte Suprema rechazaron otro recurso de la comunidad de Tecoltemi que exigía declarar la inconstitucionalidad de ley minera de México.
Almaden planea volver a solicitar un permiso ambiental para Ixtaca luego de que la Secretaría de Medio Ambiente rechazara una petición.
El proyecto de USD 174 millones, cuyo estudio de factibilidad se terminó en 2018, produciría 108.500oz/a de oro.
Fuente: BNamericas
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