Las recientes reformas a la legislación ambiental podrían generar nuevos conflictos en Perú, donde las protestas ya postergaron una serie de proyectos mineros desde 2011, advirtieron grupos ambientalistas.
En un intento por aumentar las inversiones en los sectores minero y de hidrocarburos para contrarrestar la desaceleración y la caída de los ingresos por exportaciones, el gobierno de Ollanta Humala ha tramitado diversas leyes ambientales desde 2013.
En ellas, la Ley 3.941, que aún no se debate en el Congreso, busca conceder mayor flexibilidad en el uso de terrenos baldíos de propiedad de Estado, según Richard Smith, jefe de la ONG local Instituto del Bien Común (IBC).
Las leyes podrían provocar nuevos conflictos, ya que el 74% de las tierras indígenas y de comunidades agrícolas carece de georreferencia para demarcar el territorio, según el centro de estudios peruanos Cepes, con sede en Lima.
El relajamiento de normas ambientales a favor de la inversión privada motivó una revuelta indígena en 2009 en la localidad selvática de Bagua, en el norte de Perú, que cobró la vida a 35 personas. También explica las protestas en contra de Tía María, proyecto de cobre de US$1.400mn que Southern Copper tiene en Arequipa, las que han dejado cinco fallecidos desde marzo.
Imagen: Andina
Business News Americas
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