Recientemente, el Primer Tribunal Ambiental resolvió rechazar la reclamación presentada por la Asociación Indígena de Agricultores y Regantes de Chiu-Chiu (ASACHI) contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto «Ajustes Constructivos a Instalaciones de Relaves Espesados», presentado por la División Radomiro Tomic de Codelco.
La sentencia confirma que el procedimiento de evaluación ambiental cumplió con la normativa vigente y descartó la existencia de vicios significativos.
La ASACHI alegó que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no la incluyó en las reuniones del artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y que no se llevó a cabo un proceso de consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT. También señaló una falta de evaluación adecuada de los impactos acumulativos del proyecto.
Por su parte, el SEA y el titular del proyecto, Codelco, argumentaron que la ASACHI no se encuentra ubicada en el área de influencia directa del proyecto y que su participación estuvo garantizada mediante el proceso de participación ciudadana, en el cual presentó observaciones.
El Tribunal determinó que la ASACHI no se localiza en el área de influencia directa del proyecto, lo que excluye su obligatoriedad en las reuniones del artículo 86. También se confirmó que la asociación pudo participar activamente a través del proceso de participación ciudadana.
Sobre los impactos acumulativos del proyecto, el Tribunal concluyó que estos fueron debidamente evaluados en relación con los estándares ambientales y se descartan afectaciones significativas en las comunidades cercanas.
El proyecto
El proyecto consiste en la modificación de dos proyectos previamente aprobados ambientalmente: RT Sulfuros y Optimización Infraestructura del Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, con el objetivo de optimizar la infraestructura en el Área Relaves Espesados.
Las modificaciones incluyen ajustes en el sistema de impulsión de relaves, la planta de espesadores de alta densidad (PEAD), el sistema de recirculación de aguas, el suministro eléctrico, muros perimetrales y áreas de servicio. Además, se consideran actualizaciones en la dotación de personal, cronograma de construcción, sistema eléctrico, incorporación de un barrio cívico y modificaciones en el trazado del camino de acceso.
El proyecto contempla una inversión de USD 48 millones.
