Ecuador: Nueva tasa de fiscalización minera fortalecerá el control estatal

Los recursos recaudados permitirán fortalecer la supervisión técnica y ambiental del Gobierno ecuatoriano. | Imagen referencial / Crédito: ©Tifonimages — Dreamstime

Con el objetivo de reforzar el control técnico, legal y ambiental sobre las actividades mineras y enfrentar de manera más efectiva la extracción ilícita de minerales, el Gobierno ecuatoriano implementará por primera vez una tasa de supervisión y control minera. Esta herramienta permitirá a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) fortalecer su capacidad operativa en todo el país.

La tasa no constituye un impuesto, sino una contraprestación por el servicio público de fiscalización. Su recaudación se utilizará exclusivamente para mejorar los procesos de supervisión, ampliar el número de operativos en territorio y garantizar el monitoreo continuo de las concesiones mineras, con cobertura en las 24 provincias del país.

El esquema se aplicará de manera diferenciada según el régimen de minería (pequeña, mediana, gran escala y régimen general), la fase del proyecto, incluidas las licencias de comercialización. La minería artesanal queda exenta, y los pequeños productores no se verán afectados; al contrario, se beneficiarán del incremento de controles frente a la competencia desleal de actividades vinculadas a la extracción ilícita de minerales.

La implementación de esta tasa está respaldada por la Constitución, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Minería, el Decreto Ejecutivo N.º 256 y el Acuerdo Ministerial N.º 0204 del Ministerio de Economía y Finanzas, que facultan a la ARCOM a establecer tasas por la prestación de sus servicios.

Los recursos recaudados permitirán mejorar la presencia del Estado en zonas estratégicas, fortalecer la supervisión técnica y ambiental, y ejercer una vigilancia efectiva sobre más de 1.6 millones de hectáreas concesionadas a escala nacional.

Para la implementación de la tasa de supervisión y control minera se ha definido la siguiente hoja de ruta planteada.

La medida fue socializada con el sector minero entre el 19 y el 27 de mayo de 2025 a través de los canales oficiales de ARCOM, como parte de un proceso técnico, transparente y participativo.

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