El caso de una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, ha impactado a la industria minera en toda Latinoamérica.
Se trata de la mina Escobal, donde Tahoe Resources ha invertido más de US$500 millones, suspendida abruptamente en 2017 por jueces en espera de la consulta de las comunidades indígenas cercanas, una decisión confirmada por el máximo tribunal de Guatemala en setiembre.
Los líderes Xinca, una comunidad que dice tener unas 400.000 personas, se oponen a la mina por el daño que causaría esta actividad en sus recursos ancestrales de tierra y agua.
El tribunal ordenó al ministerio de Energía y Minas de Guatemala que empiece "inmediatamente" las consultas, aunque el proceso ya está atascado en un litigio para definir cuáles comunidades deben participar.
Cabe destacar que el Convenio 169 de la OIT, invocado en la decisión de la corte de Guatemala, requiere que las empresas entren en un diálogo con las comunidades indígenas afectadas en las primeras fases de los proyectos, algo que no ocurrió antes de la construcción de mina Escobal, hogar del segundo depósito de plata más grande del mundo.
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Desde 2013, cuando obtuvo su licencia de extracción, mina Escobal produjo unos 20 millones de onzas de plata anuales hasta 2017, pero la decisión de la corte significó por primera vez que los jueces guatemaltecos detuvieron una mina operativa debido a las consultas indígenas.
Las acciones de Tahoe Resources han caído en más de la mitad desde el año pasado, y las pérdidas han aumentado desde el fallo de setiembre.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, con sede en Santiago, estima que hay 256 disputas activas en 20 países, con el número más alto en México, Chile y Perú.
Por ejemplo, en México alrededor de 10 proyectos de minería y energía sufrieron retrasos importantes solo este año debido a problemas con las consultas indígenas, dijo Gabino Fraga, un consultor que ayudó a empresas como la minera Peñoles y la petrolera estatal Pemex a realizar consultas.
Además, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en 2017 sostuvo que la falta de consultas adecuadas causó la gran mayoría de los 200 conflictos en proyectos extractivos en América Latina y el Caribe.
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En el informe se concluyó que en casi nueve de cada 10 casos los conflictos que involucraban a las comunidades indígenas empeoraron cuando no se consultó a los grupos potencialmente afectados.
Mientras el ministerio de Energía y Minas de Guatemala se prepara para iniciar las consultas el próximo año, el liderazgo Xinca se muestra firme en que no participará en ningún diálogo futuro sobre la mina Escobal, dijo el presidente de su parlamento, Aleisar Arana, en una entrevista reciente.
Arana, aclamando el fallo de la corte como una nueva "independencia", espera inspirar a otros grupos indígenas a unirse a la lucha contra proyectos como la mina Escobal.
"La mina ha alterado nuestras formas de vida. Es algo que nosotros lo vemos como una amenaza y una invasión", dijo.
Fuente: Reuters
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