La compañía Minera Poderosa, que opera en la provincia de Pataz, en la región de La Libertad, ha reportado pérdidas cercanas a los USD 300 millones en el primer semestre de 2024, ocasionadas principalmente por la presencia de la minería ilegal en sus concesiones. Así lo reveló Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, durante su participación en el programa Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
De acuerdo con De la Flor, la situación en la zona ha alcanzado niveles críticos, ya que se ha identificado la existencia de 450 bocaminas ilegales dentro de sus propias concesiones. El cálculo del perjuicio ocasionado está basado en el valor del mineral extraído y desplazado.
“Los cálculos que hemos hecho respecto de la salida de volquetes cargados de mineral de nuestras propias concesiones. Nosotros hemos estimado pérdidas en el primer semestre (de 2024) de unos USD 300 millones, si es que revisamos el valor del mineral que se ha desplazado hasta las plantas en la costa, así que es un monto considerable”, señaló.
Cuestionamiento al Reinfo
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), según De la Flor, se ha convertido en un instrumento para facilitar la extracción ilegal de minerales respaldados en dicho mecanismo. “Esto ocurre al amparo del Reinfo, fíjese la manera tan terrible en la que se está usando este instrumento para extraer de manera ilícita mineral y trasladarlo hasta plantas en la costa”, refirió en el programa del IIMP.
El ejecutivo de Minera Poderosa también precisó que si bien aún no tienen una cifra exacta de las pérdidas en el 2024, hay factores que se ven perjudicados en el sector.
“Las pérdidas se traducen en un menor nivel de productividad, menos empleo formal, menos pagos de impuestos, menos transferencias a los gobiernos regionales producto del canon, todo eso sumaría casi otros USD 6000 millones”, agregó.
La situación de Poderosa es un reflejo de un problema que afecta a varias empresas mineras en el país, las cuales enfrentan cada vez más obstáculos para operar de manera segura y rentable en regiones invadidas por mineros ilegales.
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