Guatemala busca acuerdo por arbitraje de mina Tambor

Guatemala busca una solución ante la demanda de arbitraje por US$300 millones que interpuso la minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates, propietarios de la compañía minera Exmingua (Esploraciones Mineras de Guatemala), por la suspensión de actividades en su mina de oro Tambor.

La demanda fue presentada el pasado mes de diciembre ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

La incertidumbre sobre las inversiones, el desgaste durante el procedimiento, el impacto de la suspensión de los trabajos de la minera desde 2016 son algunas de las razones esgrimidas por el ministro de Economía guatemalteco Acisclo Valladores para llegar a un arreglo ante el monto reclamado por la suspensión de la licencia a Exmingua para trabajar en la mina Tambor.

“Tenemos ese riesgo y vemos cuesta arriba el caso”, señaló el ministro de Economía.

De acuerdo con el medio BNamericas, las actividades de Tambor fueron paralizadas como resultado de actos arbitrarios e injustos y omisiones por parte del Estado.

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La producción del activo aurífero, también conocido como Progreso VII, comenzó en 2014, pero fue suspendida por una orden judicial definitiva de la Corte Suprema dos años después.

Para el ministro de Economía, el caso representa una oportunidad para replantear discusiones sobre el sector minero, “evaluar si las regalías son suficientes o cambiar la ley y analizar el impacto sobre las comunidades.

Ahora el Ministerio de Energía y Minas (MEM) elabora una hoja de ruta para realizar la consulta a comunidades locales sobre el proyecto minero. Esta nota será trasladada a diputados del Congreso de la República para avanzar hacia una solución del conflicto.

Cronología del conflicto

• En 2012, los vecinos de las comunidades cercanas al proyecto minero comenzaron sus protestas con el bloqueo de los accesos a la mina de oro el Tambor. A partir de ese momento graves denuncias contra los derechos humanos se dieron en la prensa, una de las más graves tuvo lugar en setiembre de 2013 contra la comunidad maya de Nacahuil: once personas fueron asesinadas.
• En 2016, el Tribunal Supremo suspendió las actividades mineras tras una demanda presentada por la ONG Calas.
• A finales de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional dictaminó que el Ministerio de Energía y Minas guatemalteco no consultó a las comunidades locales para aprobar el proyecto.
• Grupos empresariales manifestaron su desacuerdo con la orden del tribunal pidiendo su revocación por considerarla inconsistente.

Fuente: CiarGlobal y BNamericas