Minera Las Bambas informó que, por lo pronto, no iniciarán acciones legales contra el Estado peruano por la paralización de sus operaciones en el sur del país, a raíz de un bloqueo en el Corredor Minero Sur, señaló Claudio Cáceres, gerente de Asuntos Legales de la compañía.
Cáceres afirmó al medio peruano RPP que "la empresa está abocada a reiniciar un diálogo constructivo y real".
Consultado sobre las condiciones para reanudar operaciones, si se logra el diálogo el martes 21 de diciembre, el ejecutivo dijo que primero se debe confirmas las condiciones mínimas para las operaciones.
“Tenemos 5 años de operación y más de 1 años de bloqueo”, expresó.
Invocó al Gobierno a establecer las condiciones mínimas para mantener un proceso de diálogo fructífero, así como garantizar la sostenibilidad de sus operaciones.
“Tenemos que confirmar que existan las condiciones para un reinicio sostenido de nuestras operaciones. Lo importante es que MMG tiene intención de seguir invirtiendo en el país, pero en el marco de una estabilidad y sostenibilidad”, agregó.
Cáceres explicó que la minera Las Bambas se relaciona con dos regiones (Apurímac y Cusco), 14 distritos y más de 70 comunidades. Por ello, para buscar una solución debe tomar en cuenta una alternativa que satisfaga a todas y evitar futuros conflictos, "pero las expectativas de la población exceden nuestras capacidades operativas”, anotó.
“Nuestras propuestas están enmarcadas en un programa de relacionamiento comunitario. La solución a un problema no puede generarnos problemas futuros con otras comunidades con las que también nos relacionamos”, puntualizó.
Las Bambas represente el 1% del PBI y 72% del PBI de Apurímac, son 8.000 trabajadores afectados y cientos de empresas.
El Dato
Por otro lado, los proveedores de Minera Las Bambas están evaluando el inicio de una demanda contra el Estado por las pérdidas que pueden enfrentar, comentó Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industria (SNI).
“Esto lo estamos analizando con el Clúster Minero Andino y los abogados. Estamos viendo cómo se presentará la demanda debido a que la paralización afecta a todos los proveedores”, indicó.
Castillo sostiene que el libre tránsito es un derecho que no se está respetando. “Lo estamos analizando como terceros civilmente afectados”. La denuncia podría ser presentada en los próximos días.
Fuente: Gestión