Un juez federal ordenó al Fiscal General de México reabrir una investigación penal contra Buenavista del Cobre, una subsidiaria del Grupo México, responsable del derrame en 2014 de cerca de 40,000 metros cúbicos de aguas residuales en el río Bacanuchi, un afluente del río Sonora ubicado en el estado noroccidental del mismo nombre.
La apelación del juez Jesús Alberto Chávez Hernández anula un par de decisiones tomadas por la Fiscalía en 2017 y 2018, que exigían que las investigaciones cesaran y se archivaran.
La medida de Chávez Hernández sigue a un desafío contra esas decisiones presentadas por varios residentes de Sonora y por el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, conocido como Los Mineros. Ambos grupos afirman que son víctimas del derrame.
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Además, a principios de diciembre, el Fiscal Federal de Protección Ambiental de México acusó a Grupo México de no cumplir una serie de compromisos relacionados con la limpieza, restauración y reparación después del derrame, una acusación que la compañía niega. La empresa tiene un plazo de 15 días para contestar el emplazamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
El Dato
En 2014, un depósito de sulfato de cobre acidulado se rompió y provocó el derrame de 40.000 metros cúbicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Después, Grupo México creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos (US$106 millones) para reparar los daños ocasionados que comenzó en la mina de cobre Buenavista y que llegó a vías fluviales a lo largo de un tramo de 420 kilómetros, afectó a siete municipios y dejó a 22,000 personas sin agua potable y de riego.
Sin embargo, el costo total estimado del daño ambiental fue estimado por el Fiscal Federal para la Protección del Medio Ambiente (Profepa) en más de US$133.7 millones.
Fuente: Dossier Político