La estatal ecuatoriana Enami y la Procuraduría General pidieron a la Corte Constitucional aclarar si se aplica de forma retroactiva el fallo emitido el 24 de noviembre que prohíbe todas las actividades mineras del proyecto Río Magdalena, en el bosque protector Los Cedros, en Ecuador.
Expertos creen que la sentencia podría ser utilizada por políticos, ya que el próximo año se iniciarán las campañas en antesala a las elecciones de 2023.
El fallo también declaró que la emisión de la licencia ambiental vulneraba los derechos de la naturaleza y el derecho a un ambiente sano, al agua y a la consulta ambiental y creó un precedente vinculante para proyectos mineros ubicados en bosques protectores.
El proyecto Río Magdalena está directamente afectado. Antes de la sentencia se encontraba en la fase inicial de exploración que lleva adelante Enami a través de una asociación estratégica con Cornerstone, con sede en Ontario.
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“La sentencia es un golpe a la seguridad jurídica para los contratos mineros”, dijo a BNamericas el abogado Andrés Ycaza, de la Cámara de Minería de Ecuador.
Según Ycaza, los proyectos mineros ubicados en bosques protectores tras la sentencia quedan en una posición delicada y “es de esperarse una lluvia de acciones de protección para parar esos proyectos”.
La cámara minera y la federación de cámaras industriales de Ecuador dijeron en una conferencia que el tribunal se excedió en sus atribuciones y que la sentencia podría afectar no solo a proyectos mineros sino a la inversión extranjera en general por el cambio de reglas de juego, que crea un precedente negativo en el país.
“Debe haber una expectativa razonable frente al marco jurídico. No se está cumpliendo con la predictibilidad ni con la expectativa razonable en la sentencia emitida. Hacemos un llamado a que se respete la seguridad jurídica”, señaló Pablo Zambrano, titular de la federación.
Hasta ahora no se han determinado el potencial mineral de Río Magdalena ni las inversiones requeridas.
Fuente: BNamericas
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