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La minera canadiense Lupaka Gold emitió una actualización sobre el progreso de su demanda de arbitraje internacional contra Perú, en la que exige una compensación económica de más de USD 100 millones.
La compañía dijo que Perú ha designado a su árbitro para el proceso de arbitraje, teniendo en cuenta que cada parte del arbitraje selecciona un árbitro. La compañía seleccionó a su representante previamente.
El tercer árbitro (que será el Presidente del Tribunal Arbitral) se determinará mediante un proceso de presentación y selección de candidatos acordado por todas las partes e involucrando a ambas partes y al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En el comunicado de Lupaka Gold, se resume los pasos que se han completado en el proceso: el 21 de octubre, la compañía presentó su solicitud formal de arbitraje y seleccionó a su árbitro para el arbitraje; el 27 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú reconoció la interposición del arbitraje y reconfirmó a su asesor legal designado; el 30 de octubre, el CIADI entregó la Notificación de Registro y la asignación del número de caso; y el 2 de diciembre, Perú confirmó el nombramiento de su árbitro.
A pesar de los recientes disturbios políticos, el proceso de arbitraje continúa avanzando.
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Demanda
En su solicitud de arbitraje ante el CIADI, Lupaka Gold alude incumplimientos por parte del Estado peruano y exige una compensación económica de más de USD 100 millones. De acuerdo con la minera, se vulneró el artículo 36 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (“Convenio CIADI”) y el Artículo 824 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República de Perú.
El origen de la demanda contra el Estado peruano se debe a la falta de apoyo de la policía peruana, fiscales y funcionarios del gobierno central para eliminar el bloqueo ilegal y restaurar los derechos que exigía la minera Lupaka en el proyecto que llevaba adelante.
Los enfrentamientos iniciaron en setiembre del 2018, cuando Invicta Mining Corp. (IMC) había desarrollado aproximadamente 3,000 metros de trabajos subterráneos, luego de los acuerdos con las comunidades que poseen las tierras superficiales dentro del área del proyecto, completó una carretera de acceso de 29 kilómetros y las pruebas metalúrgicas.
Así, en setiembre del 2018, IMC solicitó que se realizara la inspección final de las obras terminadas para permitir el inicio de la explotación.
A mediados de octubre de 2018, justo antes de que se llevara a cabo la inspección final, un grupo de pobladores de la Comunidad de Parán atacaron el proyecto, incluidas sus oficinas ubicadas en el campamento, y establecieron un bloqueo que impidió el acceso a la mina y al campamento.
El bloqueo se realizó en la carretera construida por la empresa minera y en la propiedad registrada de la Comunidad de Lacsanga.
Tras los incidentes, tanto la Comunidad de Lacsanga como IMC solicitaron que las autoridades ayuden a eliminar el bloqueo y restablecer el acceso a la mina. Esta asistencia no fue proporcionada.
Impacto
El financiamiento para el desarrollo de la mina por parte de IMC se financió con un préstamo, que se pagaría con el flujo de caja de la generación del proyecto.
“No pudo hacerse el pago debido al bloqueo ilegal. Diez meses después, en agosto del 2019, y sin ningún progreso aparente en el conflicto, el prestamista ejecutó el préstamo y Lupaka perdió toda su inversión”, sostiene.
En virtud a ello, la empresa afirma que la pérdida de IMC y la mina por parte de Lupaka fue consecuencia de los actos y omisiones de Perú. Por lo tanto, Lupaka inició el procedimiento de arbitraje.
Fuente: Gestión
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