Se avala la tercera consulta popular para restringir la minería de alto impacto y la construcción de nuevas represas en el municipio de La Argentina, en Colombia. La comunidad prepara realización de la iniciativa.
El Tribunal Administrativo avaló la iniciativa ciudadana propuesta por el alcalde Edwin Arbey Barajas Hernández y refrendada por el concejo.
El mandatario informó que actualmente se adelantan numerosos trámites para el licenciamiento de proyectos altamente sensible por la enorme biodiversidad del territorio. Entre ellos mencionó proyectos de empresas como Goliat, que gestionan títulos mineros para explotación de oro y concentrados, mientras que la empresa Anglo American mantiene un proyecto para explotación de cobre y sus derivados, entre otros.
“El municipio de La Argentina, en el departamento de Huila, tiene un 2.93% de su territorio (939.72 hectáreas) en zonas glaciares, páramos y subparamos; un 41.43% en bosque denso alto (13281.23 hectáreas), un 55.45% en mosaico de cultivos, pastos y bosques fragmentados (17.778.6 Has) y un 0.17 % en zona urbana (57.2 Ha), cifras que corroboran la gran riqueza del municipio y su vocación netamente agrícola”, explicó el alcalde.
Además, señala que el Conpes 3915 incluyó al municipio de La Argentina como uno de los 19 municipios del Huila que hacen parte del área de influencia del Macizo Colombiano. Por ello, los habitantes tienen el legítimo derecho a pronunciarse al respecto, aseguró el magistrado Ramiro Aponte Pino al declarar la constitucionalidad del procedimiento sometido a su consideración.
Otras dos consultas, impulsadas por las comunidades y acogidas por los alcaldes y concejales, fueron autorizadas en los municipios de Íquira y Oporapa. Las dos consultas están pendientes por falta de financiación.
El nuevo aval se registra ocho días después de una decisión de primera instancia que revocó un acuerdo en Pitalito restringiendo esas mismas actividades
La controversia
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se opuso a la iniciativa y pidió que se declarará la inconstitucionalidad, argumentando que las autoridades locales desconocieron y desbordaron las competencias constitucionales y legales toda vez que la Nación es la exclusiva propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y es la encargada de regular la actividad minera. La solicitud no prosperó.
La Procuradora 34 Judicial respaldó el procedimiento y estimó que la pregunta formulada, cumplen con los requisitos de claridad, lealtad y objetividad. Además, reivindicó el derecho a la participación y la facultad que tienen los entes territoriales para convocar las consultas populares.
Fuente: La Nación
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