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En 2018, SQM llegó a un acuerdo con Chile que le permitió elevar la producción en el Salar de Atacama, un ecosistema frágil cuyos habitantes indígenas temen que la minería pueda poner en peligro.
Cuando se logró el acuerdo, SQM prometió hasta USD 15 millones anuales para promover el "desarrollo sostenible" de esas comunidades.
Pero en lugar de aliviar tensiones, los fondos generaron controversia ya que una asociación indígena clave los rechazó, diciendo que son una distracción y pide anular el contrato de SQM con el Estado por no consultar primero a los indígenas.
La disputa ha puesto en aprietos al gobierno, responsable de distribuir los fondos -que suman unos US$25,3 millones-, según una revisión de Reuters a documentos, junto con entrevistas con SQM, líderes indígenas y autoridades chilenas.
En el 2020, un grupo de altos funcionarios y ministros se reunió dos veces para ver la forma de entregar los fondos pese a la intransigencia del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), según documentos obtenidos por Reuters bajo la Ley de Transparencia. En junio, acordaron buscar acuerdos con cada comunidad individual, eludiendo al colectivo, muestran los documentos.
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Tres años después del acuerdo inicial con SQM, la agencia chilena de desarrollo Corfo -que maneja las negociaciones- aún no ha firmado ningún acuerdo con las comunidades, dijo la entidad a Reuters.
"SQM se ha preocupado más de poder tener una imagen social mejor a la que tenía antes respecto a los compromisos ambientales", dijo a Reuters el líder del grupo paraguas indígena, Sergio Cubillos. "Va más allá de aceptar el dinero", agregó.
SQM rechazó las afirmaciones de Cubillos de dar poca importancia al medio ambiente. Apunta a un plan anunciado en octubre para recortar inmediatamente el uso de agua dulce y salmuera rica en litio del salar y producir litio carbono neutral para 2030, un punto de clave para fabricantes de autos preocupados por las emisiones.
"Paciente enfermo". En el salar, el implacable sol evapora la salmuera bombeada desde debajo del suelo en un concentrado rico en litio. El proceso de SQM prefiere la luz solar a la energía mecánica, un importante punto clave automotrices interesadas en bajar las emisiones de las cadenas de suministro.
A las comunidades les preocupa que la minería pueda estar agotando la salmuera y el agua, reduciendo su disponibilidad para personas y la vida silvestre.
Cubillos califica al salar como un "enfermo" pero dijo que se necesitan más estudios para determinar "qué tan avanzada puede estar la enfermedad".
Las preocupaciones ganan terreno. En 2019, una corte ambiental avaló al consejo indígena y exigió que SQM revisara un plan de mitigación por sobrebombear salmuera. Un próximo estudio sobre agua del gobierno ayudaría a dar luz sobre el tema.
SQM dice que ha puesto sus datos diarios de agua y salmuera en línea para ayudar a aliviar esas preocupaciones. También continúa impulsando trabajar en conjunto con las comunidades, según comentó a Reuters Gonzalo Guerrero, quien encabeza la comisión del directorio de SQM dedicada a estos temas.
Relató que incluso se había ofrecido a financiar proyectos para ayudar a las comunidades a combatir la pandemia.
"No hemos recibido respuesta, ni siquiera la oportunidad de presentárselas a todas las comunidades", acotó el ejecutivo.
Pese al malestar, la minera llegó a acuerdos de cooperación con tres de las 18 comunidades y espera firmar al menos cuatro más para marzo, aseguró.
Al menos una de sus comunidades asociadas, Toconao, ha elogiado el compromiso de SQM de reducir su impacto, diciendo que las medidas "apuntan en la dirección correcta", según un documento visto por Reuters.
Cubillos, cuyo mandato como presidente del CPA expira el 18 de enero, declinó comentar sobre estos acuerdos, pero dijo que en su grupo "no vamos a transar un recurso económico por la subsistencia de nuestros pueblos".
La asociación indígena pronto votará por un nuevo presidente para reemplazar a Cubillos, pero fuentes cercanas al grupo dijeron a Reuters que sus políticas habían soportado múltiples presidencias y era poco probable que cambiaran.
Licencia social. Si bien es poco probable que la disputa ponga inmediatamente en riesgo el contrato o la producción de SQM, podría amenazar con eclipsar los esfuerzos de la compañía para reducir sus impactos ambientales y de emisiones, dice Alex Grant, de la consultora Jade Cove Partners.
Si SQM no puede obtener una "inequívoca licencia social" para operar de las partes interesadas, entonces algunos fabricantes de baterías podrían optar por comprar a proveedores con mayor huella de carbono, pero con un perfil social o de gobernanza más transparente.
"Todas estas cosas están interconectadas", dijo Grant.
No encontrar una solución podría agravar preocupaciones sobre la cadena de suministro ante el esperado auge de electromovilidad que a inicios del año pasado llevó a Volkswagen y Daimler a lanzar un estudio para impulsar una minería de litio más "sostenible" en Chile.
Alonso Barros, un abogado que ha trabajado por décadas con comunidades indígenas en el norte de Chile, dijo que las medidas voluntarias tomadas por SQM para recortar el uso de agua y salmuera eran una prueba de que la presión de los indígenas y los fabricantes de autos está dejando huella. "Esto es mucho más de lo que los reguladores podrían haber obligado a hacer a SQM", dijo Barros.
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