El gobierno chileno presentó un proyecto de ley para regular el cierre de faenas e instalaciones mineras.
En virtud de la ley de 2011, las empresas deben pagar una garantía por el costo total del plan de cierre. Si una firma abandona la mina, el Estado cobra la garantía y le pasa el dinero al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que contrata a un tercero para ejecutar todas las obras asociadas al cierre. Además, establece que las garantías se basan en la vida útil de la mina, determinada conforme a sus reservas minerales.
No obstante, las mineras pequeñas y medianas a menudo van explorando a medida que avanzan las actividades de explotación, y sus reservas son a no más de uno a dos años.
Los cambios alterarían el concepto de reservas establecido en la ley para incorporar reservas como parte de la ecuación a fin de determinar las garantías requeridas por las firmas con una capacidad de entre 10.000t/m y 50.000t/m.
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