Minería Pan Americana entrevistó a María Constanza García, presidenta de la Agencia Nacional Minera, la máxima autoridad gubernamental, en Colombia, que fiscaliza el sector, busca su eficiencia, sobre todo en los planos de la contratación y la cobertura de los títulos mineros.
Este organismo, además, tiene una función clave: liquidar, recaudar y transferir las regalías, es decir, el porcentaje que las empresas extranjeras que explotan los recursos naturales debe, por ley, entregar a la Nación.
¿Qué impacto en la economía, en el recurso humano y en la explotación misma de los recursos naturales, tiene la minería ilegal?
MCG:El impacto es muy alto. La ilegalidad en la actividad minera significa, frente a la mano de obra que es el recurso más valioso, que no cuente con el aseguramiento en el régimen de seguridad social y protección laboral que establece la legislación colombiana. Tampoco se cuenta con los elementos de seguridad industrial y de salvamento minero que son clave para la protección de las vidas de nuestros mineros. Asimismo, en este tipo de ilegalidad, no existe garantía del pago de las contraprestaciones económicas en favor del Estado y de las comunidades lo que implica una perdida para toda la sociedad y limita el desarrollo de las zonas objeto de explotación. Además no hay racionalización en las explotaciones, ni se permite un mayor aprovechamiento del recurso mineral.
En estos momentos, ¿qué representa la minería para la economía colombiana?
MCG: El sector de hidrocarburos y minas ha sido protagonista del crecimiento económico del país. El PIB minero es el 2,4% del PIB total y cuando se incluye hidrocarburos sube a 8%, creciendo de manera consistente. Queremos ser un exportador de productos con valor agregado, generar procesos de transformación del mineral aquí en Colombia, ya existen casos exitosos como Cerro Matoso.
En el sector de la minería, ¿cuál es el nivel de la inversión extranjera en Colombia, y qué tan confiable es el país en términos de estabilidad jurídica?
MCG: La minería es cada vez más atractiva para la Inversión Extranjera Directa (IED): uno de cada seis dólares de IED llega a la minería. Más recursos minerales se venden al exterior: por ejemplo, uno de cada cinco dólares exportados corresponde a minería. El 2012 ha sido un año de cifras récord en materia minero-energética con una inversión extranjera cercana a los US $12.500 millones.
¿Qué tanto amenaza la minería a la producción y frontera agrícolas?
MCG: Primero, para saber cómo y bajo qué condiciones se está desarrollando la minería en el país, emprendimos un ambicioso plan de fiscalización, iniciado por la anterior autoridad minera, Servicio Geológico Colombiano, este es uno de los principales retos que asumió la Agencia Nacional Minera (ANM) y que ya está en marcha. Con este plan tendremos una visión más completa con un análisis integral de la totalidad de los 9.073 títulos mineros. Con este importante insumo se podrá avanzar en nuestro objetivo de promover un desarrollo ordenado, planificado y sostenible del sector minero en armonía con el medio ambiente y con la agricultura.
¿La decisión de declarar el Páramo de Santurbán reserva natural, decisión avalada por el Ministerio del Medio Ambiente, no da señales contradictorias a la inversión extranjera presente en proyectos mineros?
MCG: Con la declaratoria se garantiza la sostenibilidad ambiental del páramo, los derechos de las comunidades aledañas, el abastecimiento de agua para la región y se clarifica el rumbo de las decisiones mineras de exploración y explotación de minerales. Este tipo de decisiones brinda claridad al sector.
Pero por otra parte, ¿cómo puede el Estado colombiano conciliar la inversión extranjera en minería y la preservación de recursos naturales clave, como las fuentes hídricas, fauna, flora, biodiversidad, que a veces se ven amenazadas por proyectos mineros de gran envergadura?
MCG: El Gobierno, desempeñando su papel de autoridad minera, tiene como objetivo buscar el mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales no renovables de la Nación. En este sentido, la ANM inició un proceso de actualización de los contratos de concesión minera en donde se busca mejorar las condiciones sociales, ambientales, jurídicas y económicas de los mismos, siguiendo parámetros internacionales. Los nuevos contratos de concesión, por ejemplo, tienen cláusulas obligatorias en materia de inversión social y ambiental. Y es que la minería bien hecha es posible. Por eso nosotros desde la Agencia estamos promoviendo una minería con responsabilidad ambiental.
MPA