Un estudio de las Naciones Unidas, presentado al foro permanente sobre las cuestiones indígenas de esa organización, señala que las comunidades indígenas a menudo reciben información inadecuada y escasa en relación con las operaciones minera o proyectos de exploración propuestos.
Y esto sucede principalmente por parte de las mineras junior, práctica que se ha convertido en una fuente de conflictos entre las comunidades indígenas y las compañías mineras.
En 2011, se otorgaron 22 concesiones a empresas privadas en la región de La Montaña, en el estado de Guerrero, “sin que se haya informado a algún habitante de la localidad”, según lo afirma el estudio de la ONU.
La falta de información adecuada “aumenta las sospechas de ambos lados”, dice el informe, problema que se ve agravado por la “escasez de mecanismos institucionales” para garantizar la legitimidad de los acuerdos”, incluidos los contratos formales y legales.
Según el reporte de la ONU, los residuos que dejan las compañías mineras, que pueden resultar dañinos para la salud humana y el ambiente, y la competencia por el agua, son las causas clave de los conflictos entre las mineras y las comunidades indígenas.
El documento señala, además, que los conflictos por el uso del suelo han dejado a la industria en una posición muy complicada en los últimos años, con retrasos de proyectos como resultados de procedimientos legales.
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