Los conflictos sociales en Argentina podrían afectar US$10.000 millones en inversiones mineras
Los distintos focos de conflictividad social y medio ambiental en la industria minera argentina están afectando a gran cantidad de inversiones repartidas por siete provincias del país austral. La resistencia anti minería tomó nuevos bríos a inicios de año en las minas Famatina y Tinogasta. Como resultado, las inversiones afectadas en el sector minero argentino alcanzaron un total de US$10.000 millones.
Las principales denuncias en Argentina (no demostradas, según la patronal minera argentina) se enfocan en contaminación y perjuicios para la salud humana. Córdoba es la provincia más restrictiva en el desarrollo de la minería. La patronal minera argentina considera que existen 12 grandes focos de tensión minera en siete provincias.
Uno de los proyectos más polémicos es Hualcalera, una mina de uranio y torio ubicada en la Quebrada de Huamahuaca, un lugar declarado Patromionio de la Humanidad por UNESCO. En la misma región, la mina de plomo Pirquitas ha sido acusada de contaminación de agua.
La principal mina de oro de Argentina, Alumbrera, está siendo acusada por grupos vecinales de provocar daños ambientales. Agua Rica, otra mina aurífera en construcción, se encuentra paralizada judicialmente aunque podría retomarse su construcción próximamente. Curiosamente, Famatina es un proyecto aurífero paralizado por la fuerte oposición comunitaria a pesar de ser un proyecto de tamaño menor en comparación con las grandes obras mineras en Latinoamérica.
Otra mina de oro en problemas es Veladero, la cual es propiedad de Barrick, por la que pagó US$440 millones. Esta mina podría estar afectada por la conocida Ley de Glaciares argentina. Otros dos proyectos que podrían verse afectados por la Ley de Glaciares son dos obras de gran perfil mediático: Lama Pascua (la mayor mina binacional del mundo, la cual tiene un presupuesto de inversión de US$2.400 millones) y Pachón, la cual pertenece a Xstrata, compañía en pleno proceso de fusión con Glencore.
La provincia de Mendoza también tiene un clima legislativo anti-minería. La mina de uranio Sierra Pintada requerirá de inversiones de remediación ambiental por valor de US$6 millones si se desea reactivar su operación. Otra mina con grandes problemas potenciales es la mina Río Colorado, valorada en US$4.500 millones y propiedad de la brasileña Vale. 
La situación en las provincias más australes del país es diferente del resto de Argentina. El proyecto aurífero Calcatreu, ubicado en la provincia de Rio Negro, se encuentra en fase de exploración desde hace siete años debido a la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la explotación minera en la provincia. La mina de oro y plata Cerro Vanguardia, ubicada en el sur del país, se enfrenta a conflictos sindicales. Como se puede apreciar, cada mina tiene conflictos de diversa índole. Sin embargo, el resultado final (más bien, temporal) es el mismo: la paralización de la actividad extractora y la inmovilización de recursos financieros.
MPA
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