Proyecto Josemaría en la provincia de San Juan, Argentina. / Crédito: Josemaria Resources.
El pedido de Josemaria Resources para que se firme entre la compañía y la Nación un compromiso escrito para no cambiar las reglas de juego en el futuro, como un condicionante para avanzar con la puesta en marcha del proyecto minero Josemaría, no encontró eco ni en el Gobierno provincial y tampoco en la Cámara Minera de San Juan.
El ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, consultado por el tema, respondió que “el único acuerdo con las empresas es la ley y deberán cumplir con la reglamentación vigente”. Además, afirmó que el único acuerdo que tiene el Gobierno provincial es el respeto al medio ambiente y con los sanjuaninos.
Desde la Cámara Minera de San Juan, su presidente, Mario Hernández, solo dijo que la entidad no acompaña el planteo de la minera y que sobre las implicancias legales de un compromiso escrito de ese tipo correspondería que lo analizaran los abogados.
La controversia surgió a partir de las declaraciones realizadas al Diario de Cuyo por el gerente general de Josemaria Resources, Alfredo Vitaller: "Queremos que con la Nación haya un compromiso escrito. Acá en la Argentina no existe esta figura, pero estamos viendo cómo lo podemos hacer, es algo que tienen México, Perú, Colombia y Chile, que es un documento, un acuerdo o un contrato que se firma entre la compañía y el Estado Nacional. Allí la compañía se compromete a traer USD 4.100 millones, cumplir con el compre local, entre otras cuestiones, y el Estado se compromete a mantener las condiciones de mercado, la devolución del IVA y se firma".
Vitaller mencionó este punto como uno de los cuatro surgidos en el marco de la Mesa del Cobre, que integran los principales proyectos cupríferos del país y que a Josemaría, por el ser el más adelantado, le tocaba avanzar. Era un planteo primero con la Nación y sugirió que también se debería suscribir con la provincia, y reconoció que con las autoridades incluso se habían dado ya algunas conversaciones sobre el tema.
Astudillo dijo que “sobre el tema nacional no me corresponde opinar, porque soy un ministro provincial”. Y agregó que “acá no hay ningún acuerdo, hay un respeto irrestricto a la ley. El único acuerdo que el Estado provincial tiene, al menos desde este ministerio, es con la ciudadanía”.
El tema de los requerimientos de Josemaría, del Grupo Lundin, se da en un momento en el que, según las estimaciones del sector privado y lo que conocen en la misma compañía, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del emprendimiento, se espera que salga en el primer trimestre de este año. Pero la construcción de la mina, en la que se llegarán a ocupar hasta 10.000 trabajadores, con el consecuente impacto en la actividad económica provincial, no será inmediata. El directivo explicó que después vendrá la tramitación de una serie de permisos sectoriales y si todo anda bien y no hay contratiempos, en el tercer trimestre de este año podría comenzar la construcción.
Diario de Cuyo
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