La presidenta ejecutiva de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, informó que la estatal desarrolla acciones para dar continuidad a las piscinas de evaporación, y en paralelo desarrolla proyectos como la Extracción Directa de Litio (EDL) para garantizar la producción de carbonato de litio y otros recursos evaporíticos.
“Si bien hay inconvenientes por el daño a 18 piscinas y un retraso (en la producción), se sigue llevando adelante los trabajos para dar continuidad al proyecto”, afirmó en entrevista con Bolivia TV.
Calderón dijo que desde el 2021, la estatal lleva adelante trabajos técnicos e inversiones para reparar las piscinas dañadas y alcanzar la máxima capacidad de producción de las plantas industriales de carbonato de litio y cloruro de potasio, que a la fecha operan al 30%.
La autoridad enfatizó que no se ha abandonado el trabajo con tecnología de evaporación, pero también se incursionó en paralelo en la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) que permite reducir el tiempo en la obtención de carbonato de litio con un alto rendimiento y que es necesario que se inicie con la fase piloto.
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“A tratarse de una nueva tecnología se necesita una fase piloto en la que la tecnología tenga que ser probada en condiciones reales, a la par se realizan evaluaciones técnicas, financieras, los estudios hidrogeológicos, el parte medioambiental, análisis de sustentabilidad, entre otros, para tener la opción de elegir las propuestas que representen mejores beneficios para el país”, detalló.
Hace días, YLB presentó una denuncia en contra de exfuncionarios y de una empresa contratista por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato que dejaron inoperables a 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial.
La denuncia es el resultado de un proceso de auditoría e investigación especializada que estableció un daño económico al Estado por más de Bs 425 millones (USD 61.2 millones aproximadamente).
“Como funcionarios públicos debemos informar y denunciar todos los posibles actos de corrupción y observaciones, es una obligación”, acotó a tiempo de lamentar que la denuncia haya sido politizada.
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