La Cámara Minera de Panamá (Camipa) no avala la propuesta de un referéndum para la mina Cobre Panamá, como lo considera el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
Según Zorel Moreno, director ejecutivo de Camipa, hasta ahora en ningún país se ha propuesto un referéndum para una actividad económica, como la minería.
Destacó que “estas son materias muy técnicas que hay que decidirlo a la luz de la ciencia, datos y hechos”.
Por lo tanto, cree que un referéndum llevará a los panameños a tomar decisiones equivocadas respecto al futuro del país.
“Eso no se puede dejar en manos de la desinformación, como ocurrió en las protestas, donde las personas llevaron una decisión por esa desinformación. Así que no me imagino qué es lo que puede suceder con un referéndum”, expresó el director ejecutivo de Camipa.
Durante el acto de reelección como presidente del SIP, Raúl Montenegro consideró pertinente someter a la opinión pública el futuro de la mina. “Es prioritario retomar el tema y, si es necesario, someter la actividad a un referéndum para que sea el país el que tome la decisión”, afirmó Montenegro en días pasados.
El presidente del SIP sustentó que la idea de un referéndum la han recomendado, siempre y cuando sea necesario hacerla. “Yo considero que es una decisión lo suficientemente importante para que los panameños consensuemos si queremos o no incorporar esta industria a la matriz económica del país”, dijo.
En este sentido, Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, quien estuvo en el acto del SIP, adelantó que la decisión de establecer o no un referéndum se anunciará en 2025, un año que ha elegido el presidente José Raúl Mulino para analizar todo lo que concierne a la mina.
“La mina será un tema que se analizará en 2025. Como ustedes saben, hay un proceso de arbitraje y no quisiera dar comentarios al respecto porque involucra temas legales”, manifestó Moltó.
Para el director ejecutivo de Camipa, es “paradójico” como la sociedad quiere construir un país, pero al mismo tiempo destruye una actividad productiva, que beneficia en el aspecto social, económico y ambiental.
“Es paradójico que en el único lugar donde la conservación está siendo llevada a cabo en 215 000 hectáreas por una empresa privada, le estamos dando una patada a una empresa diciéndole que no puede seguir con eso. Así no se puede construir un país. No podemos hacer las cosas de esa forma”, criticó Zorel.
Montenegro aseveró que para el SIP la mina no es un tema cerrado, sino que se debe abordar lo más pronto posible ante las consecuencias que ha generado el cese de operaciones para las provincias centrales.
Recordó que con las protestas y cierre de vías en rechazo al contrato minero en noviembre de 2023 se afectó negativamente a la economía del país, tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum que “demandó ponernos de pie una vez más y enfrentar un escenario desolador en términos económicos”.
Cobre Panamá, la mina más grande de Centroamérica, cerró sus operaciones a mediados de diciembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña declarara inconstitucional el contrato ley entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum, tras la ola de críticas y protestas de la ciudadanía.
La decisión de la CSJ fue un hecho inédito que obligó a un cierre abrupto de una mina que representaba arriba del 7 % del producto interno bruto de Panamá.
Debido a la interrupción de la operación de la mina de cobre, se espera que el crecimiento disminuya al 2.5 % en 2024, según el Banco Mundial.
Fuente: laestrella.com.pa