Imagen referencial. / Crédito: Codelco.
El Gobierno de Chile está estudiando una aplicación gradual de la propuesta de prohibición de la minería cerca de los glaciares para limitar el impacto en algunas de las mayores minas de cobre del mundo y sus proyectos previstos en las alturas de los Andes.
En una entrevista el lunes, la ministra de Minería, Marcela Hernando, identificó alrededor de 20 sitios mineros que están en áreas protegidas, alguno de ellos cerca de glaciares, como El Teniente y Andina de Codelco y Los Bronces de Anglo American Plc.
"Tiene que haber un período para esa transición", dijo. "Uno entiende que a partir de ahora, ninguna tarea nueva podrá estar cerca de los glaciares".
Hernando habló después de que la Convención Constitucional aprobara una ampliación de la gobernanza medioambiental que también incluye la remodelación de las normas sobre el agua. BTG Pactual calcula que las nuevas protecciones para los glaciares y otras zonas sensibles ponen en riesgo una quinta parte de la producción de cobre de Chile. Se trata de un gran problema, ya que la industria se enfrenta a la creciente demanda del metal de las baterías en la transición energética.
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Suponiendo que la carta se ratifique en un referéndum en septiembre, el gobierno del presidente Gabriel Boric, de 36 años, tendrá que encontrar el equilibrio adecuado entre la revisión de las normas medioambientales y sociales y el mantenimiento del atractivo de Chile para los inversores en un momento en el que la construcción de minas es cada vez más difícil y costosa. La Convención está debatiendo las medidas de aplicación de la nueva carta magna.
Sin duda, la industria ya está avanzando en esa dirección, cambiando a la energía renovable y al agua de mar en medio de una sequía de 12 años, buscando formas de sustituir el diésel y comprometiendo más a las comunidades locales.
Pero el ritmo ha sido demasiado lento, dijo Hernando. Por ello, el Estado debe desempeñar un papel para acelerar los esfuerzos de ESG a través de iniciativas público-privadas o, en el caso del litio, mediante la creación de una empresa nacional, dijo.
No está claro cómo afectaría la propuesta de ampliación de la gobernanza medioambiental a la extracción de litio en los salares del desierto de Atacama. Los productores ya están explorando nuevas formas de operar que no impliquen el bombeo de salmuera en gigantescas piscinas de evaporación, dijo Hernando.
"En ese sentido, la nueva constitución podrá acelerar este proceso y me parece que es absolutamente positivo porque nadie puede ignorar el daño que se ha producido en el Salar de Atacama durante tantos años".
El Gobierno también quiere potenciar la fundición nacional invirtiendo en plantas estatales e introduciendo nuevas tecnologías a través de asociaciones público-privadas. Está trabajando en un proyecto para mejorar la planta de Paipote, gestionada por la empresa estatal Enami, y está interesado en modernizar otras fundiciones construidas hace décadas. "Lo ideal" sería que Chile ampliara sus siete plantas actuales, dijo.
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Es el último intento de un gran productor de materias primas por captar más valor en las fases posteriores del proceso, en un momento en que la pandemia y la guerra de Ucrania aceleran la ruptura de los lazos comerciales tradicionales y estimulan los esfuerzos por fomentar las industrias locales, especialmente las que participan en la transición a energías más limpias. Pero impulsar el procesamiento local también implica grandes inversiones y más uso de energía y emisiones. Hacerlo lejos de los centros de demanda de Asia y Europa también puede ser un reto, sobre todo teniendo en cuenta que a China le sobra capacidad.
"Tenemos que potenciar la capacidad de fundición de nuestro país y con ello estamos hablando de industrialización, pero sostenible y sin descuidar nuestro ambicioso objetivo de neutralidad en carbono", dijo Hernando.
Chile también está en conversaciones con Argentina y Bolivia sobre la forma de añadir valor a sus industrias mineras, en particular en lo que respecta al litio, y México se ha sumado recientemente a las conversaciones, dijo Hernando.
El gobierno también busca que la minería contribuya más al gasto social. Planea aumentar los impuestos para el sector, aunque la carga total no debería superar el 50%, dijo Hernando. La consultora Plusmining calcula que la carga fiscal actual ronda el 40%.
La medida más justa, que también tiene en cuenta la calidad del yacimiento, es un impuesto ad valorem de entre el 1% y el 3%, que es una forma de pagar una especie de derecho de explotación, diferente de los impuestos sobre la renta, dijo Hernando.
La nueva carga impositiva hará que las empresas sigan invirtiendo en Chile, dijo: "Tenemos que seguir siendo un país competitivo en esta materia".
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Restó importancia al riesgo para la industria minera si se elimina la referencia al modelo de concesiones del país en la nueva Constitución.
"Lo que estamos haciendo es nivelar nuestro sistema legislativo en materia minera a lo que ocurre en otros países", dijo Hernando. "Hay cosas básicas y fundamentales que deben estar establecidas en la Constitución y el resto debe ser regulado por simples leyes".
Fuente: Bloomberg
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