Las autoridades ecuatorianas esperan que las dos principales minas del país, la de cobre Mirador y la de oro Fruta del Norte, reciban este año inversiones combinadas de unos USD 60 millones.
La mina a cielo abierto Mirador es operada por EcuaCorriente, mientras que el activo subterráneo Fruta del Norte pertenece a Lundin Gold.
De acuerdo con el último reporte minero del Banco Central, Lundin tiene previsto invertir en Fruta de Norte USD 49.9 millones en 2022, de los cuales en el primer trimestre se ejecutaron USD 9.18 millones.
Entre 2022 y 2025 la inversión de la empresa debiera alcanzar los USD 146 millones.
Por su parte, EcuaCorriente tiene planeados USD 9.62 millones para Mirador este año, de los cuales entre enero y marzo se invirtieron USD 4.03 millones.
Entre 2022 y 2025 la inversión debe sumar USD 112 millones.
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El reporte del Banco Central añade que durante el primer trimestre Ecuador recibió inversiones por USD 35.5 millones en su sector minero, de los cuales el 37% provino de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en donde se ubican Mirador y Fruta del Norte.
Ecuador espera inversiones combinadas de alrededor de USD 11 000 millones de empresas operadoras de 7 proyectos para la construcción de sus respectivas minas, que debieran entrar en producción en los próximos años, según dijo el mes pasado el viceministro de Minas, Andrés Wierdak.
Los proyectos son las minas La Plata (polimetálica); Curipamba (cobre y oro); Loma Larga (oro y plata); Mirador Norte (cobre), parte de la concesión Mirador; Ruta del Cobre (cobre); Cascabel (oro, plata y cobre) y Warintza (cobre).
Los tres primeros proyectos que debieran entrar en producción son Curipamba y La Plata, de mediana minería, y Loma Larga, de gran minería, para lo que deberían iniciar construcción el próximo año.
El sector minero ecuatoriano se encuentra preocupado por los últimos acuerdos entre el Gobierno y movimientos indígenas, que el 9 de septiembre suscribieron un acta que incluye no otorgar nuevos títulos mineros hasta que exista una ley de consulta previa y la creación de un comité técnico para tratar el tema de las consultas ambientales.
Analistas locales creen que los acuerdos podrían afectar al sector y retrasar o incluso detener el avance de varios proyectos.
Fuente: BNamericas
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