Un informe borrador de Contraloría de Ecuado realizado al proyecto minero Llurimagua, en la provincia de Imbabura, a cargo de las empresas estatales Codelco (Chile) y Enami (Ecuador), revela que no se constituyó la empresa de economía mixta para el desarrollo del proyecto, por lo que las actividades en Llurimagua no tienen respaldo contractual.
Ambas firmas incurrieron en la causal de caducidad de la concesión debido a que no se presentaron el informe anual de actividades y el plan anual de inversiones de la concesión minera Llurimagua en el plazo establecido.
El informe de 60 hojas, comprende el período entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017. En las observaciones se destaca que la firma chilena no entregó información sobre las características del yacimiento ni señaló la cantidad y el tipo de minerales que permitan conocer el posible beneficio para el Estado ecuatoriano de explotarlos, informó un comunicado de la Contraloría.
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Asimismo, tampoco se incluyeron medidas de mitigación ambiental acordes a la realidad de la zona, “puesto que el MAE elaboró el plan de manejo ambiental con información incompleta y, en contra de las disposiciones legales, no se aplicó la consulta previa en las comunidades para conocer su opinión”.
De esta manera, si bien los estudios ambientales anotaron que no se cuantificó la presencia de elementos disueltos en el agua y en el suelo, los análisis de los auditores de Contraloría evidenciaron concentraciones elevadas de plomo y zinc, minerales que afectan severamente a la salud humana y a la vida acuática.
La Contraloría señala también que se talaron árboles nativos y no se elaboró un plan que contemple medidas para la conservación de la micro cuenca. Además, de acuerdo al estudio, Codelco y Enami utilizaron agua de fuentes no autorizadas y no se emitieron directrices para efectuar el control de la calidad del líquido vital.
Además, las empresas habrían realizado actividades mineras en el 2014 sin contar con licencia ambiental. Luego de la lectura de resultados provisionales, los funcionarios involucrados deberán presentar sus pruebas de descargo a la Contraloría, dentro de los siguientes 5 días.
Como resultado del análisis de la documentación presentada para justificar las irregularidades, los auditores pueden ratificarse en el contenido del informe y emitir recomendaciones que deberán ser aplicadas inmediatamente. Se puede establecer responsabilidades administrativas y civiles por el incumplimiento de la normativa aplicable.
Llurimagua tiene una concesión minera de 4 956 hectáreas, situada en el cantón Cotacachi, en Imbabura y actualmente se encuentra en fase de exploración avanzada.
Para su desarrollo, Ecuador buscó el apoyo de Codelco. Para ello, el Gobierno ha firmado con autoridades chilenas varios pactos internacionales en 2009, 2011 y 2015.
Fuente: El Comercio
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