Sobre el proyecto de ley aumentaría drásticamente los impuestos actuales para la actividad minera en el país y que se discute en el Congreso de Chile, la clasificadora de riesgo Fitch entregó nuevas proyecciones.
La agencia estima que los impuestos totales para una minera podrían exceder el 70% de los ingresos antes de impuestos cuando los precios del cobre alcancen valores cercanos a los niveles actuales de USD 4.5 por libra, lo que convertiría a Chile en uno de los países con mayor carga tributaria.
“Bajo esta medida, Chile se ubicaría entre los países con uno de los regímenes tributarios mineros más altos del mundo, lo que podría dañar la competitividad del país y retrasar nuevas expansiones de capacidad, extendiendo el ya extenso cronograma para poner en marcha una nueva mina”, aseguran.
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Además, Ficth menciona que los costos directos aumentarían, las inversiones fluirían a otros distritos mineros y los planes de expansión actuales se reevaluarían, impactando a una industria que es el motor de crecimiento actual para Chile.
Respecto de las faenas de mayor tamaño, que representan más del 80% de las exportaciones de cobre del país, verían afectados significativamente sus flujos de efectivo operativos, pero se espera que tomen medidas para adaptarse a este nuevo escenario sin dañar sus perfiles crediticios.
Las firmas más afectadas son las empresas de la pequeña y mediana minería, al tener costos de producción más altos y una generación de flujos menor a las de las grandes mineras.
De acuerdo con el reporte, estas empresas suelen estar ubicadas dentro de la parte más alta de la curva de costos, y la carga adicional aumentaría sus compromisos y reduciría los flujos de efectivo, amenazando su viabilidad a largo plazo.
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“Fitch espera que esta tensión adicional afecte el atractivo de inversión de Chile y puede llevar a la reevaluación de los planes mineros. Una carga fiscal de esa magnitud reduciría significativamente la tasa interna de rendimiento de los proyectos, lo que haría que algunos no sean económicos”, señalan.
Añaden que la industria ya enfrenta una serie de desafíos globales, como la caída en las leyes de mineral, mayores gastos para cumplir los estándares ambientales, las demandas de las comunidades, y los conflictos locales. A nivel local, se suma la larga sequía que afecta al país, y el riesgo de regulación que se ve aumentado por la discusión constitucional.
Fuente: El Mercurio
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