Planta piloto de carbonato de litio en Hermosillo para mejorar y procesar minerales del Proyecto de Litio de Sonora./ Crédito: Bacanora Lithium.
El yacimiento mexicano de Sonora, propiedad de Bacanora Lithium, producirá su primer kilogramo de litio en el año 2024.
El proyecto enfrenta un año de retraso. En setiembre de 2020, la minera había anunciado su primera producción para el segundo semestre de 2023.
En su último informe financiero, Bacanora Lithium señaló que la primera producción de litio en México está programada para el segundo semestre de 2024.
La empresa inglesa no reveló los motivos de este retraso; sin embargo, es la segunda ocasión que esto sucede, pues originalmente estaba programada para la segunda mitad de 2022, fecha que se postergó como consecuencia de la pandemia de covid-19.
Actualmente, México no produce un solo kilogramo de litio, y aunque existen alrededor de 10 empresas con concesiones, solo el proyecto de Bacanora está cerca de extraer el mineral.
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El Dato
El verdadero potencial de México en cuanto a sus depósitos de litio es incierto, pues mientras algunos actores, principalmente del sector minero, aseguran que no son grandes, organismo internacionales, como el Servicio Geológico de Estados Unidos, ubican al país como el noveno del mundo con las mayores reservas con alrededor de 1.7 millones de toneladas.
Con base en esta información, el gobierno mexicano ha expresado su intención de crear una empresa minera especializada en la producción de litio, de modo que la explotación de este mineral, considerado como estratégico para la transición energética global, sea exclusivamente del Estado mexicano.
Hoy, el gobierno informó que no se aprobó el proyecto de ley de energía estatal de México. El proyecto de ley obtuvo 275 de los 336 votos necesarios para una mayoría de dos tercios en la cámara baja de 500 miembros, en una sesión de confrontación convocada el Domingo de Pascua.
La medida apuntaba a cancelar todos los contratos de generación de energía del sector privado, limitar la participación de mercado del sector privado a 46% y restringir las ventas de productores independientes de energía (IPP) a la eléctrica estatal CFE.
Fuente: La Jornada y Argus
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