La empresa peruana Apumayo solicitó al Gobierno de Pedro Castillo restablecer el orden y Estado de derecho, luego de sufrir actos vandálicos contra su campamento minero en Ayacucho.
Las instalaciones de la compañía fueron quemadas y saqueadas el pasado 29 de octubre, dejando pérdidas en maquinarias, equipos mineros, bienes, edificaciones e instalaciones, además de 10 personas heridas.
En diálogo con Perú21TV, Guillermo Shinno, gerente general de Apumayo, demandó a las autoridades “identificar a los responsables, que se les sancione y que les caiga todo el peso de la ley”. Sin embargo, de acuerdo con la prefecta regional de Ayacucho, Migna Isabel Salcedo Vila, a la fecha no hay ningún responsable detenido por la invasión al campamento minero.
“Exhortamos al Gobierno a adoptar de manera urgente las acciones de control necesarias para el restablecimiento del Estado de derecho, así como las medidas que garanticen la integridad de nuestros trabajadores y de las comunidades de nuestro entorno social ambiental”, dijo la empresa en un comunicado difundido a través de su cuenta en LinkedIn.
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“En Apumayo SAC mantenemos buenas relaciones y un diálogo constante con las comunidades de nuestra área de influencia. En ese sentido, dejamos constancia que estos actos de violencia no han sido perpretados por la referida población, sino por personas ajenas azuzadas por dirigentes con intereses políticos y económicos, solo buscan impedir el desarrollo de una actividad esencial para el progreso de nuestro país”, agrega el documento.
Shinno señaló que esta paralización afecta a 3 mil trabajadores que laboran en esa compañía, así como los ingresos para el fisco, que significan unos 5 millones de soles (USD 1.2 millones) mensuales.
El Dato
- El próximo 15 de noviembre se instalará la mesa de diálogo auspiciada por el gobierno, pero extrañamente Apumayo, que aún no puede reanudar sus operaciones, no ha sido invitada a la cita al igual que otras mineras de la zona.
- El ataque a las instalaciones de Apumayo se suma a una serie de protestas contra activos de minería, petróleo y etanol en diferentes regiones del país.
- Desde el 4 de octubre, la operación en el Oleoducto Norperuano, conocido como ONP, ha sido interrumpida por comunidades indígenas.
- El martes, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía pidió al Gobierno que actúe de inmediato para levantar los bloqueos de carreteras y garantizar el respeto al Estado de derecho.
Fuente: Perú 21 y Gestión
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